FRANCISCO JAVIER FAJARDO ANGARITA
Abogado – Empresario.
Sun Tzu lo advirtió hace veinticinco siglos: “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”. Esa era, al menos en teoría, la aspiración de la llamada Paz Total: doblegar la violencia por la vía de la negociación, desactivar las armas mediante acuerdos y abrir una salida simultánea para guerrillas, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y bandas criminales urbanas.
El propósito podía ser defendible. Nadie sensato puede oponerse a que Colombia busque cerrar su ciclo de violencia. Pero una cosa es perseguir la paz y otra, muy distinta, es confundir el deseo con la realidad. La Paz Total desconoció una regla elemental de cualquier estrategia: antes de negociar hay que saber con quién se negocia, qué quiere el adversario, cuál es su fuente de poder y hasta dónde está dispuesto a llegar.
A menos de tres meses de concluir el mandato presidencial, el propio Gustavo Petro ha reconocido, en entrevistas recientes, que se trata de un “fracaso nacional”. No lo dice la oposición. No lo dicen sus contradictores. Lo dice la realidad, y lo admite el propio Presidente. Una política que pretendía crear condiciones para el desarme terminó, en demasiadas regiones, fortaleciendo a los grupos armados, ampliando su control territorial y dejando al Estado en una posición de debilidad.
Quienes hemos defendido la paz como objetivo nacional -desde el Caguán hasta el Acuerdo de 2016- sabemos que la paz no se decreta desde Bogotá. La paz exige realismo, autoridad legítima, presencia institucional y resultados verificables.
Sería injusto desconocer que la Paz Total tuvo algunos aciertos iniciales. Abrió conversaciones, produjo ceses temporales de fuego, incluido el más prolongado con el ELN, y en algunos momentos permitió reducciones puntuales de homicidios en ciertas ciudades. El Gobierno destinó más de cien mil millones de pesos y suspendió órdenes de captura contra decenas de cabecillas bajo el argumento de facilitar los diálogos.
Pero el balance general es inocultable. Cuatro de cada diez beneficiarios reincidieron. Las estructuras armadas crecieron un 23,5 % y hoy superarían los 27.000 combatientes. Las zonas en disputa se duplicaron. El Catatumbo, el Pacífico, el Caribe y el Cauca siguen padeciendo homicidios, desplazamientos, confinamientos y masacres. La ofensiva militar tuvo que reactivarse en un 34,5 %, porque el diálogo sin presión terminó convertido en una invitación a ganar tiempo.
Clausewitz lo habría explicado sin rodeos: negociar desde la debilidad no reduce el poder del adversario; lo aumenta. Cuando un grupo armado entiende que puede sentarse a una mesa mientras conserva sus rentas, sus armas y sus corredores, la negociación deja de ser camino hacia la paz y se convierte en una extensión de la guerra por otros medios.
El error no fue buscar la paz. El error fue creer que todos los violentos tenían una vocación real de desmovilización. No es lo mismo una organización con alguna pretensión política que una estructura dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control criminal de territorios. A unos se les puede exigir verdad, dejación de armas y justicia transicional. A los otros se les debe aplicar la ley.
Sin disuasión creíble no hay negociación seria. Sin presencia territorial no hay paz. Donde no llega el Estado, manda quien tiene el fusil, cobra la extorsión, regula los caminos y decide quién puede vivir tranquilo.
La fragmentación de las disidencias, la negativa del Clan del Golfo a sentarse con seriedad y la ruptura con el grupo de alias Calarcá por incumplimientos (incluidos ataques contra la Fuerza Pública) demuestran que la Paz Total terminó convertida en un factor de inestabilidad estratégica. El país lo sabe. En las regiones no se discute esto con categorías académicas. Se padece todos los días. Hay frustración, hay desconfianza y hay miedo. Y el miedo, a estas alturas, no admite eufemismos.
El próximo Gobierno, que asumirá el siete de agosto, tendrá una obligación inaplazable: corregir el rumbo. La paz no puede seguir siendo un eslogan ideológico, pero tampoco puede reducirse a una política de “mano dura” sin inteligencia. Colombia necesita una estrategia seria, integral, pragmática y territorial. Primero seguridad para crear condiciones de desarrollo; luego desarrollo para sostener la seguridad.
El próximo Presidente deberá asumir la paz como una política de Estado, no como una bandera de gobierno. Y para hacerlo tendrá que ordenar tres líneas de acción.
La primera: recuperar la autoridad legítima del Estado y retomar la iniciativa. No se negocia desde la debilidad. La Fuerza Pública debe actuar en los puntos críticos con inteligencia, coordinación interinstitucional, precisión jurídica y apoyo de la comunidad. La presión militar no es enemiga de la paz. En muchos casos es su condición previa. Solo cuando el adversario entienda que la alternativa a la mesa no es sobrevivir cómodamente, sino enfrentar una derrota estratégica, negociará con seriedad.
El centro de gravedad de estas organizaciones está en las economías ilegales: coca, minería aurífera, extorsión y corredores estratégicos. Allí debe golpear el Estado. No con anuncios grandilocuentes ni con operaciones indiscriminadas, sino con inteligencia, persistencia y eficacia.
La segunda: diálogo selectivo, condicionado y verificable. Hay que diferenciar. Los grupos con vocación política pueden tener mesas, pero con reglas estrictas: verificación internacional, cronogramas, compromisos medibles, desarme real y justicia transicional rigurosa. Los demás deben enfrentar la ley sin atajos. Los beneficios judiciales solo pueden concederse a quienes entreguen armas, desmantelen estructuras, revelen rutas, entreguen bienes ilícitos y reparen a las víctimas. Nada de nombrar “gestores de paz” que luego regresen al crimen.
La tercera: atacar las causas estructurales con seriedad económica y social. La paz sostenible exige formalización de la propiedad rural, infraestructura productiva, vías terciarias, crédito focalizado, sustitución real de economías ilegales y mercados legales para las comunidades. El Presidente debe convocar al sector privado, a los organismos multilaterales y a la cooperación internacional, pero con una condición: recursos focalizados, auditados y medidos. Sin improvisación. Sin burocracia inútil. Sin programas que se anuncian en Bogotá y se pierden antes de llegar al territorio.
Todo esto exige planeación de tres, cinco y diez años. Metas claras. Auditorías independientes. Evaluación permanente. Corrección de curso. Colombia no puede seguir ensayando políticas de paz cada cuatro años como si la seguridad nacional fuera un laboratorio de ocurrencias.
Pero el Presidente no puede hacerlo solo. Puede orientar, coordinar y mandar, pero la paz se gana en el terreno. Y allí aparece una verdad que el centralismo bogotano se niega a entender: Colombia es un país de regiones. La violencia no se sufre en los salones ministeriales. Se sufre en los municipios, en los corregimientos, en las veredas, en las carreteras, en las escuelas rurales y en los barrios sometidos por el miedo.
Por eso, gobernadores y alcaldes no pueden seguir siendo convidados de piedra. Conocen el terreno, los actores locales, las rutas, los liderazgos, los riesgos y las dinámicas reales del poder. El próximo Gobierno debe empoderarlos como verdaderos comandantes territoriales de la paz, con autoridad delegada, presupuesto propio y responsabilidad clara.
Eso implica Consejos Territoriales de Seguridad y Paz con mando real, no simples reuniones para leer informes. Implica que los mandatarios puedan coordinar con la Fuerza Pública, la sociedad civil y el sector productivo acciones concretas de seguridad, consolidación institucional y recuperación del territorio.
Implica también programas de desarrollo local focalizados: zonas económicas especiales para sustitución de cultivos, agroindustria, turismo sostenible y bioeconomía. Los alcaldes deben poder atraer inversión privada con incentivos claros, reglas estables y seguridad jurídica.
Implica presencia estatal sostenida: estaciones de policía, presencia permanente de jueces, escuelas, centros de salud, oficinas de formalización de tierras y servicios públicos que funcionen. Porque donde no hay Estado, reina el que impone miedo.
E implica, además, que gobernadores y alcaldes tengan voz y voto en la verificación de cualquier proceso de desmovilización. No puede seguir ocurriendo que los ceses al fuego se pacten en Bogotá mientras las comunidades son las últimas en enterarse y las primeras en sufrir los incumplimientos. La legitimidad se gana en el territorio, y nadie conoce mejor el territorio que quienes gobiernan allí.
El próximo Gobierno y los líderes regionales tendrán la oportunidad de empezar a cerrar un ciclo de violencia que ha marcado a Colombia durante más de sesenta años. No será fácil. Habrá errores, resistencias y costos políticos. Pero la alternativa seguir improvisando o regresar a la polarización estéril, es inaceptable para una nación que todavía aspira a vivir en orden, en equidad, con justicia y sin miedo.
La paz debe significar autoridad legítima, justicia efectiva, desarrollo real y protección de la vida. Una nación no se pacifica con discursos, sino con acciones concretas y reales. Amanecerá y veremos.
Fuentes de referencia:
EFE: https://efe.com/espana/2026-04-17/petro-fracaso-paz-colombia/
Sin Candado: https://sincandado.com/2026/04/18/petro-reconocio-el-fracaso-de-la-paz-total-de-su-gobierno-y-de-elegir-a-un-poco-de-gente-que-no-servia-en-su-gabinete-ministerial/
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