El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección B, resolvió en primera instancia la acción popular interpuesta por Hugo Alberto Ospina Agudelo, representante legal de ASOPROCTAX, contra varias entidades del Estado y empresas de plataformas tecnológicas de transporte como Uber, Cabify, InDriver, Easy Taxi, entre otras. El demandante alegaba la vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a infraestructura que garantice la salubridad, y los derechos de consumidores y usuarios, solicitando el bloqueo y prohibición del uso de dichas aplicaciones.
La sentencia señala que, si bien no se presentaron quejas formales sobre seguridad, atención de incidentes, o protección de datos, es de conocimiento público que la prestación del servicio de transporte individual a través de plataformas ha generado inconformidades en cuanto a seguridad y tarifas. Ante este panorama, se ha detectado la necesidad de un marco regulatorio claro para las plataformas, ya que su ausencia ha generado inseguridad jurídica para empresas y conductores, además de crear tensiones con el sector tradicional del taxi, que exige condiciones de competencia equitativas. Las plataformas tecnológicas han transformado la movilidad urbana en las principales ciudades de Colombia, ofreciendo nuevas alternativas de transporte y oportunidades de ingresos.
Considerando que las acciones populares buscan proteger los derechos e intereses colectivos y no a un sector específico como el gremio de los taxistas, la sala determinó que no se ha vulnerado la protección estatal a los prestadores del servicio. Se destacó que las entidades demandadas han ejercido sus competencias de inspección y vigilancia, y que actualmente se está debatiendo el proyecto de ley 134 de 2024, que busca regular el servicio de transporte privado intermediado por plataformas digitales. Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio equilibrado que promueva la coexistencia entre las plataformas y los servicios de taxi tradicionales, y que garantice la seguridad de los usuarios mediante la implementación de estándares de calidad uniformes y mecanismos de supervisión efectivos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su fallo, denegó las pretensiones de la demanda. Sin embargo, se exhortó al Ministerio de Transporte a reglamentar el servicio de transporte privado de pasajeros a través de aplicaciones tecnológicas una vez se expida la respectiva legislación por parte del Congreso. También se exhortó al Ministerio de Transporte y a varias empresas de plataformas tecnológicas, entre las que se encuentran Lieber Colombia SAS (antes Uber Colombia SAS), Beat Colombia SAS, Cabify, y Didi, para que adopten medidas que incluyan la transparencia algorítmica, la no discriminación en precios, mecanismos de quejas y reparación, filtros de verificación de identidad, herramientas de monitoreo, y la mejora de las condiciones técnicas y de seguridad. Por último, no se impuso condena en costas a la parte demandada, ya que no se comprobó temeridad o mala fe.
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