El cinco (5) de agosto de 2025 fue expedida la Ley 2530 de 2025, mediante la cual se adoptan medidas para garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 18 y 25 años pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, cuya situación económica o de cuidado se ha visto afectada por la pérdida de su madre o figura materna, víctima del delito de feminicidio.
La norma en su artículo 23 establece un incentivo en los procesos de contratación pública, que consiste en otorgar puntaje adicional en las modalidades de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa a los oferentes que incluyan en su personal operativo a jóvenes que cumplan con dichas condiciones, vinculados con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas. Esta medida busca articular la política de empleabilidad con criterios sociales, fortaleciendo la inclusión laboral en la contratación estatal.
El texto legal dispone:
“ARTÍCULO 23. INCENTIVOS PARA LA VINCULACIÓN LABORAL. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, expedirá en un término no mayor a seis (6) meses un decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para las empresas y entidades que en su personal operativo tenga jóvenes entre los dieciocho (18) y hasta los veinticinco (25) años de edad, que hayan perdido a la madre o mujer que tenga la patria potestad o custodia legal víctima del delito de feminicidio, contratados con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas”.
El Congreso de la República, en la misma Ley 2530 de 2025, estableció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, deberá expedir en un término no mayor a seis (6) meses un decreto reglamentario que indique los criterios técnicos para la asignación de los puntajes y su aplicación en los diferentes procesos de selección, garantizando transparencia y control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.
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