Las obligaciones de inclusión social y laboral previstas en el Decreto 1860 de 2021 y en la Ley 2119 de 2021 deben aplicarse de manera concurrente e independiente en los procesos de contratación pública, siempre que el contratista requiera personal para ejecutar el contrato.   Estas disposiciones persiguen finalidades distintas y no pueden entenderse como...

En un reciente análisis jurídico se resolvió una de las dudas más frecuentes de los contratistas del Estado y las entidades públicas: ¿cómo debe procederse en el SECOP II ante una escisión societaria?   La escisión societaria —en sus dos modalidades reguladas por la Ley 222 de 1995— no constituye automáticamente una cesión del contrato...

Todas las entidades estatales, sin distinción del régimen contractual que les resulte aplicable, tienen la obligación de reportar las declaratorias de caducidad, multas, sanciones, incumplimientos, inhabilidades y demás decisiones relacionadas con contratistas del Estado ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP...

La Contraloría General de la República, analizó qué deben hacer las entidades territoriales cuando identifican contratos liquidados en vigencias anteriores cuyos saldos no fueron pagados a los contratistas.   En el concepto, la Contraloría explicó que, si el contrato ya fue liquidado pero quedó pendiente el pago de obligaciones reconocidas, la deuda subsiste como un...

Con la llegada del periodo electoral en mayo de 2026, surge la necesidad de precisar el alcance de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005). En este marco, se precisan las reglas aplicables a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y otras entidades del sector, que operan bajo un régimen especial de contratación....

La inclusión de marcas específicas en los procesos de selección de las entidades estatales parte de que ni la Ley 80 de 1993 ni la Ley 1150 de 2007 establecen una prohibición expresa frente a la exigencia de marcas en los pliegos de condiciones. Bajo el principio de autonomía de la voluntad, las entidades pueden...

En el marco del régimen de contratación estatal, se precisa que es jurídicamente viable adicionar contratos celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía, incluso cuando el valor final supere el umbral de dicha modalidad, siempre que se respeten los límites y condiciones previstos en la normativa vigente.   Las modificaciones contractuales constituyen una medida de...

La alimentación es un pilar fundamental en el bienestar estudiantil, y cómo se compran esos productos es un tema que genera constantes dudas. Recientemente se ha aclarado un punto clave: las universidades públicas no están obligadas por ley a aplicar ciertos puntajes de incentivo para pequeños agricultores en sus compras de comida, aunque tienen toda...

En un reciente análisis jurídico, se ha reafirmado que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) están plenamente sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). A pesar de gozar de una autonomía administrativa y financiera reconocida constitucionalmente para la gestión ambiental, estas entidades no cuentan con un régimen contractual exceptuado o especial. Esta...

La viabilidad jurídica para modificar los contratos estatales en Colombia tiene carácter excepcional conforme el marco jurídico y los parámetros fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, recogiendo la evolución normativa y jurisprudencial reciente, particularmente el cambio introducido por la sentencia de unificación de 2025 sobre enriquecimiento sin justa causa.   Estas...