En el marco de la contratación estatal, la labor de supervisión constituye un pilar fundamental para salvaguardar la moralidad administrativa y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. No obstante, es una práctica común en la gestión pública la designación de servidores cuyas disciplinas profesionales distan de los componentes técnicos, jurídicos, financieros o contables...

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente precisó recientemente que las entidades estatales obligadas a aplicar documentos tipo no pueden modificar de manera autónoma los requisitos habilitantes, los factores de evaluación, los criterios de escogencia ni los sistemas de ponderación previstos en estos instrumentos con el propósito de incorporar directamente las disposiciones...

Es posible que las entidades estatales celebren contratos sobre bienes futuros, siempre que estos se estructuren conforme a las reglas del Código Civil y a los principios que rigen la contratación pública.   Como punto de partida, se diferencia las obligaciones de dar de las obligaciones de hacer. Respecto de las primeras, el artículo 1518...

La vigilancia sobre la ejecución de los contratos estatales encuentra un límite claro frente a la imposición de nuevas cargas para los contratistas. Los manuales y lineamientos internos de las entidades estatales delimitan su alcance, precisando bajo qué condiciones resultan exigibles y cuándo se convierten en cargas ilegítimas e inoponibles para quienes ejecutan obras o...

La ejecución de los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a los pueblos indígenas deberá cumplir con las reglas de publicidad de la contratación estatal. Tanto los resguardos indígenas autorizados para administrar directamente estos recursos como las entidades territoriales que celebren contratos de administración estarán obligados a garantizar la...

La publicidad en la contratación constituye uno de los pilares del sistema de compras públicas en Colombia, al permitir el acceso ciudadano a la información, fortalecer el control social y garantizar principios como transparencia, publicidad y acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica han surgido dudas sobre el alcance de estas obligaciones...

En el ámbito de la contratación estatal, la falta de acuerdo para concretar una liquidación bilateral no constituye, por sí sola, un incumplimiento contractual imputable a la entidad pública. Así lo reiteró el Consejo de Estado en un reciente fallo de segunda instancia que resolvió el litigio entre el Consorcio Vial Usaquén 2015 y el...

La reanudación de la ejecución de un contrato estatal suspendido no exige, en todos los casos, la suscripción de un acta de reinicio. Desde la perspectiva de la doctrina jurídica en contratación pública, al analizar los efectos jurídicos de la suspensión contractual y la forma en que debe operar el reinicio de las actividades suspendidas,...

La enajenación de cuotas partes de inmuebles pertenecientes al Estado dentro de procesos divisorios judiciales constituye un mecanismo aplicable para resolver situaciones de copropiedad sobre bienes indivisibles compartidos entre entidades públicas y particulares. En este contexto, se precisa que las cuotas partes de inmuebles pertenecientes al Estado sí pueden terminar siendo enajenadas dentro de un...

Las obligaciones de inclusión social y laboral previstas en el Decreto 1860 de 2021 y en la Ley 2119 de 2021 deben aplicarse de manera concurrente e independiente en los procesos de contratación pública, siempre que el contratista requiera personal para ejecutar el contrato.   Estas disposiciones persiguen finalidades distintas y no pueden entenderse como...