La vigilancia sobre la ejecución de los contratos estatales encuentra un límite claro frente a la imposición de nuevas cargas para los contratistas. Los manuales y lineamientos internos de las entidades estatales delimitan su alcance, precisando bajo qué condiciones resultan exigibles y cuándo se convierten en cargas ilegítimas e inoponibles para quienes ejecutan obras o...

La ejecución de los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a los pueblos indígenas deberá cumplir con las reglas de publicidad de la contratación estatal. Tanto los resguardos indígenas autorizados para administrar directamente estos recursos como las entidades territoriales que celebren contratos de administración estarán obligados a garantizar la...

La publicidad en la contratación constituye uno de los pilares del sistema de compras públicas en Colombia, al permitir el acceso ciudadano a la información, fortalecer el control social y garantizar principios como transparencia, publicidad y acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica han surgido dudas sobre el alcance de estas obligaciones...

En el ámbito de la contratación estatal, la falta de acuerdo para concretar una liquidación bilateral no constituye, por sí sola, un incumplimiento contractual imputable a la entidad pública. Así lo reiteró el Consejo de Estado en un reciente fallo de segunda instancia que resolvió el litigio entre el Consorcio Vial Usaquén 2015 y el...

La reanudación de la ejecución de un contrato estatal suspendido no exige, en todos los casos, la suscripción de un acta de reinicio. Desde la perspectiva de la doctrina jurídica en contratación pública, al analizar los efectos jurídicos de la suspensión contractual y la forma en que debe operar el reinicio de las actividades suspendidas,...

La enajenación de cuotas partes de inmuebles pertenecientes al Estado dentro de procesos divisorios judiciales constituye un mecanismo aplicable para resolver situaciones de copropiedad sobre bienes indivisibles compartidos entre entidades públicas y particulares. En este contexto, se precisa que las cuotas partes de inmuebles pertenecientes al Estado sí pueden terminar siendo enajenadas dentro de un...

Las obligaciones de inclusión social y laboral previstas en el Decreto 1860 de 2021 y en la Ley 2119 de 2021 deben aplicarse de manera concurrente e independiente en los procesos de contratación pública, siempre que el contratista requiera personal para ejecutar el contrato.   Estas disposiciones persiguen finalidades distintas y no pueden entenderse como...

En un reciente análisis jurídico se resolvió una de las dudas más frecuentes de los contratistas del Estado y las entidades públicas: ¿cómo debe procederse en el SECOP II ante una escisión societaria?   La escisión societaria —en sus dos modalidades reguladas por la Ley 222 de 1995— no constituye automáticamente una cesión del contrato...

Todas las entidades estatales, sin distinción del régimen contractual que les resulte aplicable, tienen la obligación de reportar las declaratorias de caducidad, multas, sanciones, incumplimientos, inhabilidades y demás decisiones relacionadas con contratistas del Estado ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP...

La Contraloría General de la República, analizó qué deben hacer las entidades territoriales cuando identifican contratos liquidados en vigencias anteriores cuyos saldos no fueron pagados a los contratistas.   En el concepto, la Contraloría explicó que, si el contrato ya fue liquidado pero quedó pendiente el pago de obligaciones reconocidas, la deuda subsiste como un...