Las personerías municipales y distritales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal que les permite celebrar contratos y ejecutar sus recursos dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y las normas presupuestales del respectivo ente territorial.
Aunque ejercen funciones del Ministerio Público y no dependen jerárquicamente ni de la Procuraduría General de la Nación ni de los alcaldes locales, sí están sujetas a la dirección suprema del Procurador General de la Nación, lo que garantiza coordinación funcional en el marco de sus competencias.
Conforme al artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las personerías son consideradas secciones presupuestales independientes dentro del ente territorial al que pertenecen. Esto les confiere capacidad jurídica para comprometer recursos, ordenar el gasto y contratar, siempre bajo el cumplimiento del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y de los principios presupuestales aplicables.
En materia contractual, estas entidades deben observar el principio de anualidad del gasto. No obstante, cuando los contratos excedan la vigencia fiscal, podrán recurrir a mecanismos de vigencias futuras:
- Ordinarias, que requieren la autorización del Confis o del Confis territorial (según corresponda).
- Excepcionales, que en el ámbito territorial exigen la aprobación del concejo municipal o de la asamblea departamental, a iniciativa del gobierno local, de acuerdo con la Ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011.
Este marco normativo asegura que las personerías puedan ejercer sus funciones con independencia y objetividad, preservando la separación de funciones del Estado y fortaleciendo su papel como órganos de control en el nivel territorial.
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