Por: ANGIE ESTHEFANY CORAL BENAVIDES
Abogada – Abogada de la Universidad Mariana.
Maestranda en Derecho Publico y Privado.
En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un asunto exclusivo de la ciencia ficción para convertirse en un fenómeno cotidiano que permea todos los ámbitos de la vida. El derecho, naturalmente, no es ajeno a esta transformación. Hoy en día existen sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información jurídica, redactar contratos, evaluar riesgos procesales e incluso emitir decisiones automatizadas en ciertas jurisdicciones.
A primera vista, esta revolución tecnológica parece positiva: mayor eficiencia, reducción de costos y agilidad en trámites que antes resultaban engorrosos. No obstante, la incorporación de la IA en la práctica jurídica plantea retos profundos que no pueden ignorarse.
El primero de ellos es ético y constitucional. La administración de justicia descansa en principios como la imparcialidad, la dignidad humana y la igualdad, por lo tanto ¿Cómo asegurarnos de que un algoritmo respete principios como la igualdad o la imparcialidad? ¿Qué ocurre si reproduce sesgos o discrimina a ciertos grupos? La experiencia internacional demuestra que sistemas de predicción criminal en Estados Unidos han reproducido estereotipos raciales y decisiones automatizadas en contratación pública han limitado la participación de pequeños oferentes.
Un segundo desafío es el acceso a la justicia. La IA puede ser una herramienta poderosa para democratizar el derecho, siempre y cuando se implemente de manera inclusiva. De lo contrario, podría profundizar la brecha entre quienes tienen recursos para acceder a estas tecnologías y quienes dependen exclusivamente de la asistencia estatal.
Finalmente, el rol del abogado también está en discusión. Lejos de ser reemplazados, los profesionales del derecho estamos llamados a adaptarnos, asumiendo la IA como un instrumento de apoyo en la investigación, el análisis probatorio y la gestión documental.
En este contexto, el rol del abogado no es desaparecer, sino transformarse. Por tanto, más que nunca necesitamos profesionales que sepan usar estas herramientas de manera crítica, que las integren a su trabajo sin renunciar a la esencia de la abogacía, dado que, defender los derechos fundamentales, interpretar la norma y enfrentar el abuso de poder sigue siendo una labor eminentemente humana.
Colombia ha dado un paso importante al respecto. En julio fue radicado ante el Senado el Proyecto de Ley No. 043 de 2025, titulado “Por medio de la cual se regula la Inteligencia Artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético, responsable, competitivo e innovador, y se dictan otras disposiciones” , y el cual, busca regular la inteligencia artificial en el país. La propuesta plantea clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo, establecer obligaciones de transparencia y garantizar que su uso se haga siempre con respeto a los derechos fundamentales. Además, prevé un papel activo para el Estado en la formación, la supervisión y la gobernanza de estas tecnologías.
La discusión llega en el momento justo, dado que, si la IA se regula con responsabilidad, puede convertirse en una herramienta para ampliar el acceso a la justicia, simplificar trámites y acercar el derecho a los ciudadanos. Pero si se deja sin control, corre el riesgo de profundizar desigualdades y debilitar la confianza en las instituciones.
En conclusión, la inteligencia artificial es un desafío ineludible para el derecho y la presentación del Proyecto de Ley 043 de 2025 reafirma que su implementación no puede ser un experimento sin control; debe estar guiada por un marco jurídico robusto y ético. Colombia tiene ahora la oportunidad de posicionarse como referente regional en IA, promoviendo innovación sin sacrificar derechos, por lo que, desde la abogacía, nuestro deber es asegurar que la tecnología sirva al derecho, no lo desplace, ya que, la verdadera justicia y su salvaguardia frente al avance tecnológico depende de esta articulación entre leyes, ética y humanidad.
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