La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE) publicó la versión actualizada de su Guía para la Contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad, un documento que incorpora las novedades normativas derivadas de la Ley 2294 de 2023, el Decreto 874 de 2024 y recientes decisiones del Consejo de Estado. La actualización busca orientar a las entidades estatales sobre la correcta aplicación del Decreto 092 de 2017 y precisar los límites, procedimientos y buenas prácticas en este tipo de contratación especial.
Uno de los elementos más relevantes de la guía es la ampliación y clarificación del concepto de “reconocida idoneidad”, que ahora se desarrolla a través de criterios asociados al objeto misional de la entidad, su estructura interna, la capacidad del personal, la experiencia, la sostenibilidad y la reputación en el Sistema de Compras Públicas.
La guía actualizada también profundiza en las etapas del proceso contractual bajo el Decreto 092 de 2017, reforzando los lineamientos sobre estudio de planeación, procesos competitivos, reglas de selección directa (especialmente cuando la ESAL aporta al menos el 30%), y obligaciones de seguimiento y verificación durante la ejecución.
En materia tecnológica, esta versión actualizada introduce precisiones sobre el uso obligatorio del SECOP II para las entidades estatales y para las ESAL que participen en procesos de selección. La guía detalla los módulos habilitados para el régimen especial, con ofertas y sin ofertas, y recuerda que las Entidades Sin Ánimo de Lucro deben registrarse en la plataforma y reportar las subcontrataciones que realicen. Esta exigencia refuerza el principio de publicidad y permite una trazabilidad completa de la gestión contractual.
Finalmente, el documento incorpora recomendaciones para entidades estatales y todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro, incluyendo la identificación temprana de riesgos, la debida diligencia, la gestión de conflictos de interés, el respeto por el régimen de inhabilidades y la inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental y social. Destacando la importancia de la gestión social del proyecto y la participación ciudadana, en concordancia con la Constitución Política y fortaleciendo la transparencia y el control social en la ejecución de los recursos públicos.
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