El Congreso de la República estudia el Proyecto de Ley 438 de 2025 Cámara, “por medio de la cual se aumentan los honorarios de los defensores públicos equiparándolos al salario de los fiscales y se dictan otras disposiciones”, iniciativa que busca dignificar la función de la Defensoría Pública y garantizar el derecho fundamental a la defensa técnica adecuada.
La propuesta legislativa establece la equiparación integral de los honorarios mensuales de los defensores públicos al salario básico y prestaciones sociales de los fiscales de la Fiscalía General de la Nación de categoría equivalente, garantizando que a igual nivel de responsabilidad y experiencia corresponda igual remuneración total. Asimismo, dispone que en ningún caso la suma de honorarios y beneficios de un defensor público sea inferior a la de un fiscal de la misma jerarquía, incluyendo factores salariales y prestaciones legales.
El proyecto también contempla la formalización laboral gradual de los defensores públicos, previendo que quienes actualmente estén vinculados mediante contratos de prestación de servicios pasen a ser servidores públicos de planta de la Defensoría del Pueblo o de la entidad competente, con acceso a estabilidad laboral, prestaciones sociales y derechos de carrera administrativa, en concordancia con la prohibición de tercerización de funciones permanentes en la administración pública.
En materia de implementación, la iniciativa dispone que la equiparación salarial se realizará de manera progresiva y ordenada en un plazo máximo de tres (3) años, garantizando sostenibilidad fiscal. Para ello, el Gobierno nacional deberá incluir en las leyes anuales de presupuesto las apropiaciones necesarias, con cargo al Presupuesto General de la Nación, pudiendo realizar las redistribuciones y ajustes presupuestales correspondientes.
La exposición de motivos fundamenta la iniciativa en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, en la Ley 941 de 2005 que organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública, y en estándares internacionales sobre igualdad de armas y derecho a la defensa. Según el documento, la reforma busca cerrar la brecha salarial existente entre defensores públicos y fiscales, fortalecer institucionalmente la defensa pública y mejorar la calidad de la asistencia jurídica gratuita brindada a personas en condición de vulnerabilidad.
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