En el marco de la contratación estatal, la labor de supervisión constituye un pilar fundamental para salvaguardar la moralidad administrativa y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. No obstante, es una práctica común en la gestión pública la designación de servidores cuyas disciplinas profesionales distan de los componentes técnicos, jurídicos, financieros o contables que exige el seguimiento integral del objeto contratado.
Frente a este escenario, el alcance de la responsabilidad de los supervisores cuando su perfil profesional no se ajusta a todas las áreas del contrato parte de una premisa clara: si bien la designación es una facultad de organización administrativa de la entidad, el funcionario tiene el deber de actuar con la diligencia propia de su cargo, en observancia de los principios de responsabilidad, eficacia y colaboración con la administración.
Por tanto, cuando un servidor advierta de manera razonable que las obligaciones del contrato superan su idoneidad profesional, debe informar oportunamente al ordenador del gasto o a su superior jerárquico. En dicha comunicación, corresponde solicitar de manera motivada la reasignación de la supervisión o, en su defecto, la implementación de mecanismos de apoyo interdisciplinario, tales como la designación de otros servidores idóneos o la conformación de esquemas de apoyo técnico.
Desde la perspectiva de la responsabilidad funcional, este escenario arroja tres conclusiones determinantes:
- El silencio como factor de imputación: Guardar silencio frente a la falta de conocimientos específicos no exime al funcionario. Si se presentan irregularidades en la ejecución contractual y el supervisor no advirtió oportunamente su falta de idoneidad, se compromete su responsabilidad funcional, especialmente si esa omisión contribuye a la ocurrencia de anomalías en el contrato.
- Continuidad del servicio y no abstención: La radicación de la solicitud de reasignación o apoyo no faculta al servidor para dejar de ejercer la supervisión. Mientras la autoridad competente no resuelva la solicitud o provea el acompañamiento, el supervisor conserva el deber de cumplir las funciones asignadas con la mayor diligencia posible.
- Corresponsabilidad de la administración: Si el supervisor informa formalmente su falta de idoneidad y la entidad omite adoptar las medidas razonables de apoyo, dicha circunstancia será valorada en el marco de las responsabilidades que correspondan a la administración por la omisión en el suministro de herramientas de control adecuado.
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