El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con el Ministerio del Trabajo emitieron la Circular 40017 del 30 de abril de 2026, mediante la cual imparten lineamientos dirigidos a los operadores de red y contratistas que desarrollen infraestructura eléctrica en el marco de los programas de Colombia Solar (Decreto 972 de 2025 y Resolución 40159 de 2026) y Comunidades Energéticas (Ley 2294 de 2023 y Decreto 2236 de 2023).
El documento orienta a los ejecutores de estos proyectos a vincular personal que cumpla estrictamente con el perfil de técnicos electricistas calificados, lo cual exige contar con formación académica, matrícula o tarjeta profesional vigente y las competencias determinadas por la normatividad aplicable.
La circular destaca tres componentes obligatorios para el desarrollo de los proyectos:
- Transición energética justa y reconversión laboral: Incorpora un enfoque de empleos verdes para promover oportunidades laborales sostenibles que mitiguen el cambio climático. Asimismo, insta a facilitar que los trabajadores de sectores tradicionales adquieran nuevas competencias técnicas asociadas a las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
- Garantías laborales y formalización: Establece la obligación de asegurar la afiliación y el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral, promover el libre ejercicio de la libertad sindical y prevenir prácticas de intermediación o tercerización ilícita que desnaturalicen la relación de trabajo. También exige entornos laborales libres de discriminación, violencia y acoso.
- Enfoque territorial: Exhorta a priorizar la contratación de mano de obra local en las zonas de influencia de los proyectos y a garantizar la participación activa de las comunidades en la implementación de soluciones energéticas sostenibles.
Finalmente, el instrumento recuerda que el Ministerio del Trabajo ejercerá sus funciones de inspección, vigilancia y control con un enfoque diferencial y de género para verificar el cumplimiento de estas condiciones del personal técnico.
En conclusión, aunque la circular tiene naturaleza orientadora y no crea nuevas obligaciones jurídicas, opera como el marco de referencia institucional para que las empresas del sector ajusten sus procesos de contratación a los estándares de sostenibilidad laboral y técnica exigidos por el Gobierno Nacional.
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