El Gobierno nacional estableció nuevas medidas para racionalizar el gasto de funcionamiento, reducir los gastos de funcionamiento y controlar la vinculación de personal en las entidades públicas. A través de la Circular Externa No. 08 de 2026, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) impartió lineamientos de austeridad que comenzarán a surtir efectos el 1 de enero de 2027, con especial atención a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, así como a los empleos de libre nombramiento y remoción.
Uno de los principales cambios consiste en que las entidades deberán orientar la programación de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales a un máximo del 25 % de la línea base consolidada con el universo y el valor de los contratos celebrados durante 2025 y 2026. Para ello, cada entidad deberá documentar la metodología de cálculo y garantizar que sea verificable, evitando duplicidades o la construcción artificial de una base de contratación superior.
La circular también establece como criterio general que la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción se oriente hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos legalmente previstos y susceptibles de provisión. Para determinar este porcentaje se excluyen determinados cargos directivos y aquellos cuya provisión sea jurídicamente obligatoria o indispensable para garantizar la continuidad de funciones esenciales, previa justificación expresa en estos últimos casos.
Adicionalmente, la directriz señala que la existencia de una vacante o de una apropiación presupuestal no constituye, por sí sola, una razón suficiente para la provisión de un empleo. Antes de solicitar nuevas vinculaciones o contratos, las entidades deberán acreditar la necesidad funcional, verificar que no existan duplicidades y evaluar alternativas como la redistribución de cargas, la movilidad interna, el aprovechamiento de las capacidades existentes, la simplificación de procesos y la automatización.
Aunque se contemplan excepciones para atender obligaciones legales o judiciales, servicios esenciales, emergencias, compromisos internacionales y proyectos con financiación específica, estas deberán justificarse por escrito, indicando su fundamento, costo, duración y las razones por las cuales no pueden atenderse con el personal disponible.
Finalmente, los ministerios y departamentos administrativos deberán consolidar reportes trimestrales sobre la contratación, el número y valor de los contratos de prestación de servicios con personas naturales, las excepciones autorizadas y los ahorros estimados, con el fin de facilitar el seguimiento del DAPRE. Con estas disposiciones, el Gobierno busca fortalecer la planeación y el control del gasto público, de manera que las nuevas contrataciones y vinculaciones respondan a necesidades institucionales verificables y contribuyan a una administración más eficiente de los recursos estatales.
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