El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió el 8 de octubre de 2026 una demanda de nulidad contra la Nación, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, y el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Ley 4.ª de 1992 otorgó facultades al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional, y en el parágrafo del artículo 14 ordenó revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo a criterios de equidad. Tras un cese de actividades y un acuerdo sindical del 6 de noviembre de 2012, el Gobierno expidió los decretos 0382, 0383 y 0384 de 2013; 022 de 2014; 1269 y 1270 de 2015; y 247 de 2016, que crearon la bonificación judicial y dispusieron que solo constituye factor salarial para la cotización a pensión y salud. La demanda cuestionó esa limitación y el artículo 3 de los decretos, que consagraba que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional allí establecido, y que cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
El problema jurídico consistió en determinar si los artículos 1.º y 3.º de los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad, el primero, al desconocer el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, y el segundo, al establecer una supuesta prohibición para que se ejerciera el control judicial de esos actos.
La Sala explicó que el legislador y el Gobierno Nacional gozan de una libertad de configuración para definir qué pagos influyen en las prestaciones sociales, pero que esa libertad no es absoluta ni discrecional, pues debe respetar los principios constitucionales y los elementos estructurales del salario. Concluyó que, según los antecedentes legislativos y una interpretación teleológica de la ley marco, la nivelación buscaba un equilibrio en la totalidad de los ingresos de estos servidores y no un simple aumento sin efecto prestacional en las prestaciones sociales. Añadió que la restricción genera ingresos totales distintos entre servidores con iguales cargos, funciones y jornada, contrario al principio de «a trabajo igual salario igual». Señaló también que el actual legislador expidió la Ley 2594 de 2026, mediante la cual se reconoció el carácter de factor salarial a la bonificación judicial. Frente al artículo 3, indicó que en modo alguno conlleva una excepción al control judicial, sino que ratifica la competencia del legislador y del Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional y la imposibilidad de que autoridades administrativas distintas lo modifiquen.
En consecuencia, declaró la nulidad de las expresiones “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” en el artículo 1 de los decretos demandados, con efectos generales erga omnes y retroactivos desde la fecha en que entraron en vigencia los decretos, y negó la nulidad del artículo 3.
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