El Consejo de Estado, precisó que la condena en costas en los procesos ejecutivos administrativos se rige por un criterio objetivo, por lo que no es necesario demostrar que la parte vencida actuó de mala fe, con temeridad o de manera dolosa. Basta con que haya resultado desfavorecida en el proceso para que pueda imponérsele dicha condena, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso.
Sin embargo, la Corporación recordó que el reconocimiento de las costas no supone la aceptación indiscriminada de gastos. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del CGP, es indispensable que en el expediente se encuentre acreditada su causación. En particular, las expensas deben corresponder a gastos necesarios, útiles y legalmente autorizados, mientras que las agencias en derecho deben guardar relación con la gestión de representación judicial efectivamente desarrollada y atender las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
En aplicación de estas reglas, en el caso bajo estudio, el Consejo de Estado confirmó la condena en costas de primera instancia, al encontrar acreditada la gestión del apoderado de la parte ejecutante y la procedencia de las agencias en derecho. No obstante, se abstuvo de imponer costas en segunda instancia, debido a que no se demostró su causación: la parte ejecutante no se opuso al recurso de apelación ni desarrolló actuaciones que justificaran su reconocimiento. La decisión deja una regla importante para la práctica judicial: perder el proceso puede dar lugar a una condena en costas, pero su reconocimiento exige acreditar que efectivamente se causaron.
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