La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 018 del 28 de octubre de 2026, dirigida a los representantes legales de los organismos y entidades de la administración pública del orden nacional y territorial y de los demás órganos del Estado que celebren contratos de prestación de servicios. El acto exhorta a garantizar que esta modalidad se utilice de manera excepcional, temporal y autónoma, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y a la jurisprudencia aplicable.
La Directiva recuerda que estos contratos solo proceden cuando las actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad no puedan desarrollarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. También reitera que deben celebrarse por el término estrictamente indispensable y que no pueden emplearse para atender indefinidamente funciones permanentes ni para encubrir vínculos laborales subordinados.
Como medida preventiva, la Procuraduría exhortó a las entidades a revisar los contratos en ejecución. La verificación debe comprender, entre otros aspectos, la relación de sus objetos con los manuales de funciones, la recurrencia y permanencia de los contratistas, la justificación y fuente de financiación de las contrataciones, las modificaciones y plantas temporales de personal, la continuidad entre contratos, las demandas por contrato realidad, los hallazgos de los órganos de control y el comportamiento de los gastos de personal.
El órgano de control recomendó analizar la adopción de protocolos internos para la gestión y supervisión contractual, capacitar permanentemente a supervisores e interventores e implementar planes graduales de formalización laboral cuando se identifiquen necesidades permanentes atendidas mediante contratos de prestación de servicios. Así mismo, pidió fortalecer la prevención del daño antijurídico y revisar si la imposición de horarios, permisos o instrucciones ajenas al objeto contratado constituye un indicio de subordinación.
La Procuraduría también exhortó a que las minutas y sus prórrogas contengan una justificación expresa y motivada de la necesidad, el objeto específico y la temporalidad del servicio. Además, solicitó garantizar la integridad y trazabilidad de los expedientes contractuales, publicar en el SECOP II la totalidad de los contratos, prórrogas y modificaciones, y mantener actualizada la información de los contratistas en el SIGEP II.
La decisión se sustenta también en la dimensión fiscal del fenómeno. Según la información citada en la Directiva, entre 2023 y el 1 de agosto de 2026 se celebraron 2.213.148 contratos de prestación de servicios por $60,57 billones. Con corte al 30 de junio de 2026, 205 entidades públicas enfrentaban 6.127 procesos judiciales activos por contrato realidad, con pretensiones superiores a $1,3 billones y un riesgo fiscal estimado en más de $1,6 billones.
Finalmente, la Directiva exhortó al Gobierno Nacional y a varias entidades a fortalecer la reglamentación, la capacitación, la defensa judicial, el seguimiento y la interoperabilidad entre SECOP II, SIGEP II y eKOGUI. También advirtió que puede constituir falta gravísima celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía, salvo las excepciones legales. La Procuraduría ejercerá vigilancia preventiva permanente y recibirá informes anuales sobre contratación, litigiosidad y avances en formalización laboral.
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