La Corte Suprema de Justicia precisó que la parte convocada a un arbitraje internacional no puede impedir posteriormente el reconocimiento del laudo extranjero alegando falta de defensa, cuando conoció oportunamente el trámite y decidió voluntariamente no intervenir para evitar la convalidación de las irregularidades que atribuía al procedimiento.
El pronunciamiento se produjo al resolver la solicitud presentada por First Climate (Switzerland) AG para que se reconociera en Colombia un laudo arbitral proferido en Zúrich, Suiza, dentro de una controversia contractual con CarbonBW Colombia S.A.S.
CarbonBW se opuso al reconocimiento del laudo, para lo cual sostuvo que no fue debidamente notificada y que se le concedió un término insuficiente para responder la notificación de arbitraje; afirmó que decidió abstenerse de intervenir porque consideraba que su participación convalidaría las irregularidades del trámite.
La Corte encontró que la sociedad fue citada mediante los canales que ella misma había confirmado, conoció la existencia del arbitraje, dispuso de plazos suficientes, obtuvo prórrogas y participó en distintas actuaciones. Por consiguiente, su abstención de contestar y continuar interviniendo fue una decisión propia y no el resultado de una actuación del tribunal arbitral que le hubiera impedido ejercer su defensa.
La Sala explicó que la causal prevista en el artículo 112 de la Ley 1563 de 2012 protege a quien no fue debidamente notificado o fue privado materialmente de la oportunidad de hacer valer sus derechos, empero, no ampara a quien conoció el procedimiento y optó por no ejercer las oportunidades de defensa disponibles con el propósito de reservar un eventual motivo de nulidad. La Corte recordó que el trámite de reconocimiento de un laudo extranjero no constituye una segunda instancia ni permite revisar nuevamente la interpretación contractual, la valoración probatoria o el acierto de la decisión arbitral. Su finalidad consiste en verificar que el laudo cumpla los requisitos legales y no desconozca los principios fundamentales del ordenamiento colombiano.
La controversia tuvo origen en un acuerdo de compra de Certificados de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero —CER—, relacionado con un proyecto de captura y aprovechamiento del gas generado en el vertedero Parque Ambiental Loma de los Cocos, ubicado en Cartagena. El laudo declaró que First Climate había terminado válidamente el contrato ante el incumplimiento de CarbonBW y condenó a esta última al pago de 213.960,20 euros por concepto de perjuicios, además de intereses.
La sociedad colombiana también alegó que la controversia no podía someterse a arbitraje porque la comercialización de certificados de reducción de emisiones involucra el interés general, la protección del ambiente y los compromisos estatales frente al cambio climático.
La Corte descartó este argumento; para ello explicó que la existencia de normas imperativas, políticas públicas o intereses generales dentro de un sector regulado no impide automáticamente que sus controversias sean resueltas mediante arbitraje. Lo determinante es establecer si el conflicto concreto recae sobre derechos patrimoniales de libre disposición.
En este caso, el laudo no decidió sobre la política climática colombiana, la validez del registro ambiental del proyecto, los compromisos internacionales del Estado ni la protección del derecho colectivo a un ambiente sano. La controversia se limitó a determinar las consecuencias patrimoniales del incumplimiento de un contrato celebrado entre dos sociedades comerciales.
La Sala agregó que los certificados de reducción de emisiones son activos ambientales susceptibles de titularidad, cesión y venta, cuya comercialización es reconocida y promovida por el ordenamiento colombiano. Por ello, las pretensiones de terminación contractual e indemnización derivadas de su compraventa son transigibles y susceptibles de arbitraje.
En consecuencia, la Corte reconoció el laudo para que produzca efectos jurídicos en Colombia; sin embargo, condicionó la condena por intereses a que estos no excedan, en ningún momento, los límites establecidos por las normas colombianas para los créditos en moneda extranjera.
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