La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-332-2026, sentó un precedente sobre los límites de la autonomía universitaria frente a la protección de los derechos humanos y la permanencia estudiantil.
El caso se originó cuando un estudiante de la Escuela Nacional del Deporte, presuntamente amenazado de muerte por el ELN y las disidencias de las FARC-EP, solicitó alternativas para continuar sus estudios de forma remota o híbrida.
La institución negó la petición argumentando que el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales era exclusivamente presencial según la resolución del Ministerio de Educación y le sugirió cancelar el semestre. Tras esto, los jueces de primera y segunda instancia negaron la tutela, respaldando a la universidad al considerar que obligarla a impartir clases virtuales vulneraría su autonomía universitaria.
Al revisar el expediente, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revocó estas decisiones y amparó el derecho a la educación del joven, atendiendo los siguientes motivos:
- Límites a la autonomía universitaria: La Corte reiteró que la facultad de las universidades para definir sus reglamentos y metodologías no es absoluta; debe ejercerse respetando la Constitución y los derechos fundamentales. Las instituciones no pueden aplicar sus normas de forma mecánica ni trasladar a las víctimas las consecuencias de situaciones de violencia.
- Adaptabilidad de la educación: El derecho a la educación exige valorar circunstancias excepcionales que puedan afectar la permanencia de los alumnos en el sistema. La falta de una norma específica en el reglamento para casos de amenazas no exime a la universidad de buscar soluciones para proteger a sus estudiantes.
- Ajustes razonables y tecnología: Brindar apoyo no significa que la universidad deba cambiar definitivamente la modalidad presencial de su programa. Implica realizar ajustes temporales y razonables, como el uso de herramientas virtuales y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para mantener el vínculo académico del alumno sin comprometer la calidad de la educación mientras persista el riesgo.
Como medidas de reparación, el alto tribunal ordenó a la Escuela Nacional del Deporte organizar una reunión inmediata con el estudiante para definir medidas de flexibilidad académica transitorias. Además, le ordenó evaluar la viabilidad de modificar su Reglamento Estudiantil para incluir normativas que protejan y brinden alternativas a futuros estudiantes que enfrenten circunstancias excepcionales que les impidan asistir presencialmente. Finalmente, la Corte instó al joven a colaborar activamente con las autoridades para el estudio de su nivel de riesgo y acatar las recomendaciones de autoprotección.
NOTA: El alto tribunal protegió la identidad de la parte accionante mediante el uso de un nombre ficticio (Santiago) dentro del fallo para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
