Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta. Sin embargo, independientemente de su naturaleza jurídica, en su calidad de actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, administran recursos públicos, circunstancia relevante para determinar las obligaciones de publicidad de su actividad contractual.
De acuerdo con el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, las EPS pueden adoptar distintas formas jurídicas. En el caso de las entidades privadas, su actividad contractual se rige por las disposiciones del derecho privado, sin que esta circunstancia las excluya automáticamente de las obligaciones de publicidad relacionadas con la contratación financiada con recursos públicos.
En este sentido, el deber de publicidad de la contratación no depende exclusivamente de que una entidad tenga naturaleza pública ni de que esté sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por el contrario, las disposiciones que regulan esta obligación también comprenden a los sujetos que contratan con recursos públicos.
Al respecto, el artículo 74 de la Constitución Política garantiza el acceso a los documentos públicos que no estén sometidos a reserva, mientras que el artículo 209 consagra la publicidad como uno de los principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa.
En desarrollo de estos principios, el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece que el SECOP es el sistema de información en el cual los sujetos obligados que contratan con recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual. Por su parte, el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 contempla la publicidad de los procedimientos, las políticas de adquisiciones y los datos de adjudicación y ejecución de contratos.
De igual manera, el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015 establece que los sujetos obligados que contratan con recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el SECOP. Cuando la contratación involucra recursos públicos y privados, la publicación comprende aquella financiada con cargo a los recursos públicos.
Esta obligación también encuentra respaldo en el criterio expuesto por el Consejo de Estado en el Auto del 14 de agosto de 2017, al señalar que el deber de información se origina en el manejo de recursos públicos y no exclusivamente en la naturaleza jurídica del contratante. En consecuencia, comprende la información relativa a la contratación realizada con esos recursos y excluye aquella financiada con otras fuentes.
Ahora bien, debe distinguirse entre el deber de publicidad y el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual. Que una EPS privada deba publicar información en el SECOP por contratar con recursos públicos no significa, por ese solo hecho, que su contratación deje de regirse por el derecho privado.
Por otra parte, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 establece para las entidades estatales sometidas a regímenes contractuales excepcionales el deber de publicar en el SECOP II los documentos relacionados con su actividad contractual, que comprende las etapas precontractual, contractual y postcontractual.
En consecuencia, para determinar el alcance de las obligaciones de publicidad de las EPS no basta con considerar su naturaleza pública, privada o mixta. También deben examinarse el régimen jurídico aplicable y el origen y la destinación de los recursos comprometidos en cada contratación.
Así, las EPS están obligadas a publicar en el SECOP la información contractual asociada a la ejecución de recursos públicos, independientemente de su naturaleza jurídica o régimen contractual. No obstante, esta obligación no implica necesariamente publicar la totalidad de su actividad contractual.
Por tanto, la naturaleza privada de una EPS no la exime del deber de publicidad cuando contrata con recursos públicos. El alcance de esta obligación debe determinarse atendiendo a las particularidades de cada entidad y a los recursos involucrados, sin extenderla automáticamente a la totalidad de su contratación.
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Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.









