El Gobierno de Colombia ha expedido el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Esta medida extraordinaria se fundamenta en una crítica situación fiscal que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y servicios públicos esenciales. La crisis se ha visto agravada por la negativa del Congreso a aprobar leyes de financiamiento claves para los años 2025 y 2026, lo que ha generado un vacío presupuestal de miles de millones de pesos.
El panorama nacional enfrenta desafíos simultáneos de gran magnitud. En el ámbito de la salud, el Estado debe movilizar urgentemente cerca de $3,3 billones para cumplir con mandatos de la Corte Constitucional sobre la equiparación de la prima de salud para los sectores más vulnerables. Paralelamente, la seguridad ciudadana se ha visto seriamente amenazada por alteraciones del orden público, ataques con tecnologías avanzadas como drones y riesgos crecientes para líderes sociales, lo que demanda una inversión inmediata de billones para fortalecer a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección.
La emergencia también busca dar respuesta a la grave situación de servicios públicos, especialmente en la región Caribe, donde el impago de subsidios eléctricos amenaza con un riesgo sistémico y fallas masivas en el suministro. Sumado a desastres naturales por la ola invernal y deudas judiciales pendientes, el Gobierno argumenta que las facultades ordinarias son insuficientes para conjurar esta “perturbación grave” del orden económico y social. Con este decreto, el Ejecutivo podrá dictar medidas con fuerza de ley para obtener recursos y estabilizar las finanzas del país.
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