El Consejo de Estado revocó el fallo de tutela en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, el cual había ordenado el reintegro de Jonathan Stivel Vásquez Gómez como alcalde de Barrancabermeja. En su lugar, la alta corte negó el amparo y dejó en firme la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación, originada por presuntas faltas gravísimas de participación política en favor de la candidatura al Senado de su esposa.
Para fundamentar su decisión, el Consejo de Estado desarrolló el siguiente análisis jurídico:
- La corporación aclaró que la suspensión provisional es una medida de prudencia disciplinaria preventiva y no constituye una sanción. Por lo tanto, es un error exigir que en esta etapa inicial se encuentre plenamente probada la responsabilidad disciplinaria o la culpabilidad del funcionario.
- El tribunal determinó que la Procuraduría cumplió con los requisitos del artículo 217 del Código General Disciplinario. Las pruebas aportadas (asistencia conjunta a eventos, discursos sobre proyectos políticos compartidos y uso de símbolos) constituían “serios elementos de juicio” suficientes para inferir razonablemente un riesgo real de interferencia en el electorado si el alcalde permanecía en su cargo, dado el riesgo de influenciar al electorado local a favor de las aspiraciones políticas de su cónyuge. Asimismo, la Sala determinó que la medida cautelar cumplió con los criterios constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al buscar proteger un interés mayor como lo es la transparencia del proceso democrático y el sufragio libre de la ciudadanía.
- La alta corte concluyó que la medida cautelar fue constitucionalmente válida al ser idónea, necesaria y proporcional. La restricción temporal de los derechos políticos y laborales del alcalde se justificó plenamente en la necesidad de proteger un interés general y superior: la transparencia del proceso democrático y la libertad del sufragio ciudadano.
- Finalmente, la corporación hizo un llamado a los jueces constitucionales para no invadir las competencias legales de la Procuraduría, advirtiendo que la tutela no puede usarse para exigir un estándar probatorio definitivo en una etapa donde apenas se adoptan medidas cautelares.
Por su parte, la providencia contó con el salvamento de voto del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien argumentó que el amparo debió ser concedido al mandatario local al considerar que la suspensión vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso. En su disidencia, el magistrado advirtió que la medida cautelar carecía de la motivación exigida por la ley, pues se sustentó en inferencias derivadas de las acciones y discursos de un tercero la esposa del alcalde y no en conductas comprobables del funcionario. Asimismo, criticó fuertemente que la Procuraduría omitiera valorar de fondo los alegatos de defensa del disciplinado durante la etapa de consulta. Finalmente, señaló que la Sala mayoritaria del Consejo de Estado terminó construyendo a posteriori los argumentos que el ente de control no incluyó en sus autos originales, validando una medida con justificaciones frente a las cuales el investigado no tuvo la oportunidad procesal de defenderse en su momento.
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