La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 765 de 2025 (exp. CJU-5662, magistrada sustanciadora Natalia Ángel Cabo), resolvió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 008 Administrativo Oral de Villavicencio y el Juzgado 006 Municipal Civil de Villavicencio. El caso resulta relevante, en tanto, ETB SA ESP ofreció servicios de conectividad a Mi IPS Llanos Orientales, quien incumplió el pago de una factura por $86.737.687,51. En virtud de ello, ETB presentó demanda acudiendo al medio de control de controversias contractuales, escrito que llevó al Juzgado Administrativo, quien, habiendo admitido la demanda, posteriormente se declaró incompetente para el caso y lo remitió a la jurisdicción civil.
A su vez, el Juzgado Civil rechazó tener competencia y planteó el correspondiente conflicto jurisdiccional, argumentando que la acción es de naturaleza contencioso-administrativa porque busca declarar la existencia y cumplimiento contractual, no un proceso ejecutivo, en su postura también consideró que el Juzgado Administrativo ya había admitido la demanda.
La Corte Constitucional confirmó que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conocer del asunto por la vía de la controversia contractual, en atención a que ETB es una empresa de servicios públicos de carácter oficial y, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el artículo 141 y el numeral 2° del artículo 104 del CPACA, las controversias contractuales en las que intervienen estas entidades deben ser conocidas por dicha jurisdicción.
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