El Consejo de Estado protegió los derechos fundamentales a la vida, seguridad, buen nombre y honra del personero de Ocaña (Norte de Santander), afectados por declaraciones públicas en las que el Presidente de la República y el Ministro del Interior, insinuaron una supuesta afinidad de este funcionario con el ELN. Estos hechos se relacionan con una alocución televisiva del 21 de abril de 2025, en la que el mandatario cuestionó la postura del personero frente a la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, preguntando: “¿A quién le trabajan?”. Además, el ministro publicó en su cuenta de X que “sería sospechoso de estar ayudando a la insurgencia” quien negara la efectividad del decreto.
Ante estas afirmaciones, el personero interpuso acción de tutela, alegando también un riesgo inminente para su vida e integridad debido a la falta de respuesta oportuna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar sus medidas de seguridad. El Consejo de Estado admitió la demanda y enfatizó que, dadas las responsabilidades de los altos funcionarios, sus declaraciones deben fundamentarse en información veraz y objetiva, especialmente por el impacto que generan en la opinión pública.
Aunque no hubo acusación directa, la Sala consideró que la insinuación realizada por dos altos funcionarios estatales tiene un carácter estigmatizante que perjudica la función, la integridad y la seguridad del personero. Asimismo, constató que la UNP incumplió con completar el estudio de riesgo tras la solicitud presentada.
Por ello, el Consejo de Estado ordenó al presidente Petro rectificar sus declaraciones mediante una alocución televisada y al ministro Benedetti hacerlo mediante un mensaje en su cuenta de X. Igualmente, dispuso que la UNP finalice el estudio técnico de riesgo iniciado.
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