Las donaciones realizadas a entidades estatales deben regirse por un marco jurídico mixto que combina normas del derecho civil con disposiciones propias de la contratación estatal. Aunque se trata de un contrato gratuito y unilateral regulado por el Código Civil, su ejecución en el ámbito público exige cumplir con las reglas del Estatuto General de Contratación, especialmente en lo relativo a la capacidad de las partes, la representación legal y los controles de legalidad aplicables.
En cuanto a la validez del contrato, se requiere cumplir con diversas solemnidades dependiendo del bien donado. Si se trata de bienes inmuebles, se exige escritura pública inscrita; para bienes muebles, basta con un documento escrito, aunque en algunos casos se requieren trámites adicionales. Cuando el valor de la donación supera los 50 salarios mínimos o tiene ciertas condiciones, se necesita autorización notarial previa mediante la figura de la insinuación.
Además de estas formalidades, es indispensable que los bienes donados estén plenamente identificados, que se demuestre la propiedad del donante y que se cumpla con la normativa sobre inhabilidades y procedimientos contractuales. Estos requisitos buscan asegurar la legalidad de la transferencia y la correcta incorporación del bien al patrimonio público.
Por último, toda donación que reciba una entidad territorial debe registrarse en el presupuesto oficial. La Constitución prohíbe realizar erogaciones sin la debida incorporación presupuestal, lo que implica que los recursos donados deben contabilizarse como ingresos y ser apropiados mediante el procedimiento fiscal correspondiente. Este control garantiza transparencia y orden en la administración de los recursos públicos.
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