Se analizó si la práctica del fraccionamiento contractual puede configurar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en entidades estatales con régimen contractual exceptuado, como las Empresas Sociales del Estado (ESE), cuya contratación se rige principalmente por el derecho privado.
Se precisó que el artículo 410 del Código Penal consagra un tipo penal en blanco, cuya configuración no depende del incumplimiento de cualquier formalidad, sino de la omisión de requisitos legales esenciales, los cuales deben determinarse conforme al régimen jurídico aplicable a la entidad contratante. En este contexto, el fraccionamiento no constituye un delito autónomo, pero puede adquirir relevancia penal cuando se acredita que la división artificial del objeto contractual busca eludir procedimientos de selección o requisitos esenciales, mediando dolo.
En entidades de régimen especial, el análisis penal debe realizarse a partir de los requisitos esenciales de su propio régimen, sin perjuicio de la aplicación de los principios de legalidad, transparencia, planeación y responsabilidad, cuya valoración definitiva corresponde a la Rama Judicial, según las particularidades de cada caso.
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