El Consejo de Estado analizó un conflicto contractual entre ADA S.A. y el Departamento del Magdalena, en el que se discutían aspectos como la validez del contrato, el presunto incumplimiento y el desequilibrio económico, así como una posible nulidad por indebida delegación de funciones públicas.
La Sala fijó una regla general, el contratista tiene derecho a ser restituido por el valor de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que la entidad estatal se benefició efectivamente de ellas para cumplir un interés público, en aplicación del principio de prohibición del enriquecimiento sin causa.
Sin embargo, el fallo precisa que este reconocimiento no es automático, pues el contratista debe probar tanto la ejecución de las prestaciones como el beneficio real obtenido por la administración, consolidando así un estándar probatorio exigente en este tipo de controversias contractuales.
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