El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, reiteró que los particulares pueden incurrir en responsabilidad civil extracontractual cuando, mediante vías de hecho, obstaculizan la ejecución de obras públicas legalmente autorizadas, afectando el interés general y generando perjuicios económicos a la administración.
En la providencia, la Sala precisó que la oposición a decisiones administrativas, como los procesos de expropiación, debe ejercerse a través de los mecanismos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico, y no mediante conductas materiales de obstrucción o actos de fuerza. En estos eventos, se configura la responsabilidad del particular cuando se acreditan el daño, la culpa y el nexo causal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil.
Asimismo, el alto tribunal aclaró que la existencia de causas concurrentes en la ejecución de una obra pública no exonera automáticamente de responsabilidad a quien incurre en conductas obstructivas, sino que dichas circunstancias inciden únicamente en la determinación y graduación del perjuicio indemnizable, de acuerdo con la incidencia causal demostrada.
Finalmente, el Consejo de Estado enfatizó que el denominado derecho de resistencia no ampara actuaciones violentas ni vías de hecho frente a actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, y que solo puede invocarse de manera excepcional, bajo criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad y no violencia.
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