Por, Johana Lisbeth Fajardo Villarreal.
Abogada – Universidad CESMAG.
La comunicación en el ámbito de la administración de justicia desempeña un papel fundamental en garantizar el acceso equitativo a la información y en fomentar una comprensión integral de los procesos legales por parte de todos los ciudadanos. El lenguaje claro y la inteligencia artificial se presentan como aliados estratégicos con el potencial de superar los desafíos intrínsecos a la comunicación jurídica, promoviendo así la transparencia y la accesibilidad.
La utilización de un discurso claro y comprensible, conocido como lenguaje claro, reviste una importancia primordial en la comprensión por parte de los individuos de sus derechos, obligaciones y de los procedimientos judiciales en los que intervienen. La transparencia en la comunicación no solo previene posibles equívocos, sino que también empodera a los individuos al permitirles tomar decisiones informadas en asuntos legales.
En este contexto, la inteligencia artificial puede desempeñar una función crucial al facilitar la simplificación y traducción de textos legales complejos a un lenguaje más accesible para el público en general; los sistemas de procesamiento del lenguaje natural pueden contribuir a la creación de herramientas que conviertan documentos legales en formatos más comprensibles, fomentando así una mayor inclusión y participación ciudadana en el ámbito judicial. Esta perspectiva se vislumbra como una oportunidad para mejorar el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, sin perder de vista los desafíos inherentes que este proceso conlleva.
Desafíos y oportunidades de la justicia en tiempos digitales.
En un mundo cada vez más digitalizado, la administración de justicia se enfrenta a un doble desafío: la necesidad de adoptar un lenguaje claro y accesible, y la integración de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos. Estos dos elementos, aunque distintos en su naturaleza, pueden actuar como aliados poderosos para mejorar la transparencia, la eficiencia y la comprensión de los procedimientos judiciales. Sin embargo, también presentan retos significativos que deben ser abordados con precaución y responsabilidad.
Ante el primer desafío mencionado, consistente en la adopción de un lenguaje claro y accesible, resulta imperativo reconocer la relevancia que dicho aspecto ha ostentado en la legislación colombiana, para lo cual, es pertinente destacar la existencia de pronunciamientos que han enfatizado su trascendencia, entre los cuales se incluyen aquellos realizados por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia T-760 de 2008[1], se estableció que las entidades públicas están obligadas a asegurar que la información y comunicaciones dirigidas a los ciudadanos sean claras, comprensibles y accesibles, especialmente en el ámbito de los servicios públicos y la administración de justicia. Asimismo, la Sentencia C-288 de 2012[2], donde también se aborda el tema del lenguaje claro al señalar que las normas legales deben redactarse de manera sencilla y comprensible para que todos los ciudadanos puedan entender sus derechos y obligaciones.
Estas decisiones judiciales en Colombia subrayan la importancia del lenguaje claro en el contexto legal y judicial para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y promover el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Ahora bien, el lenguaje jurídico tradicionalmente se ha caracterizado por su complejidad y tecnicismo, lo que ha creado una barrera para la comprensión por parte del ciudadano común; esta falta de claridad no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que también alimenta la desconfianza hacia el sistema judicial. En este contexto, el movimiento hacia el uso de un lenguaje claro busca democratizar el acceso a la información legal, haciendo que los documentos, sentencias y procedimientos sean comprensibles para todos, independientemente de su formación académica o conocimientos previos; objeto para el cual se ha buscado implementar la IA en el sistema judicial colombiano como herramienta de apoyo y fortaleza al fácil acceso a la administración de justicia, haciendo referencia al segundo de los desafíos planteados en un principio.
La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la administración judicial, pues esto lo ha demostrado con sistemas que ya están siendo utilizados para analizar grandes volúmenes de datos legales, predecir resultados de casos y automatizar tareas rutinarias; como, por ejemplo, la implementación del sistema “Prometea” que estudió la Corte Constitucional[3] para la revisión y selección de tutelas, pues analizó el potencial de la IA para optimizar la eficacia y precisión en la identificación de casos prioritarios, lo que conlleva una notable reducción en el tiempo y los recursos requeridos para dicho procedimiento.
Un ejemplo claro y tangible de la utilización de inteligencia artificial en el ámbito judicial se encuentra en la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Cartagena, el 30 de enero de 2023[4], que destaca como una de las primeras en Colombia en la que se empleó ChatGPT para asistir en la redacción de la decisión. En dicho fallo, el juez resolvió una acción de tutela a favor de un menor con autismo, ordenando a la EPS cubrir los gastos de transporte y eximirlo de pagos adicionales. En este proceso, se hizo uso de las respuestas proporcionadas por la IA para fundamentar ciertos aspectos específicos de la decisión, sin descuidar el análisis jurídico pertinente ni obviar posibles imprecisiones o errores.
Esto nos puede ilustrar de manera breve cómo la inteligencia artificial está incursionando en el ámbito judicial colombiano y cómo las instancias judiciales están gestionando su incorporación con miras a potenciar la eficiencia y salvaguardar la protección de los derechos fundamentales.
En el presente contexto, la convergencia entre el lenguaje claro y la inteligencia artificial representa una oportunidad singular, al perfilarse como una herramienta sumamente relevante para la simplificación del lenguaje jurídico. Uno de los enfoques más prometedores consiste en la traducción de documentos legales complejos a una terminología más comprensible; a su vez, mediante algoritmos avanzados es factible analizar sentencias, contratos y otros textos legales, reformulándolos en un lenguaje accesible sin menoscabar la necesaria rigurosidad. Asimismo, los chatbots legales, impulsados por IA, pueden brindar guía inmediata y comprensible a los ciudadanos respecto a sus derechos y los procedimientos a seguir, democratizando aún más el acceso a la justicia y, adicionalmente, tienen la capacidad de responder consultas frecuentes y suministrar información sobre procesos judiciales en términos claros y sencillos; entre otros beneficios potenciales.
Este procedimiento, debidamente implantado, puede propiciar la democratización del acceso a la justicia, posibilitando que un mayor número de individuos comprendan sus derechos y deberes sin requerir la intervención de terceros; ello no solo conllevaría al empoderamiento de los ciudadanos, sino que también disminuiría la carga laboral de los profesionales del derecho, facultándoles para enfocarse en casos más complejos que demanden su pericia.
No obstante, la integración de la inteligencia artificial en el ámbito judicial no está exenta de controversias, dado que la precisión, imparcialidad y transparencia de dichos sistemas son aspectos críticos que deben ser considerados para evitar la perpetuación o amplificación de las desigualdades existentes. Uno de los desafíos más notorios reside en la naturaleza misma del lenguaje jurídico. La exactitud y precisión son pilares fundamentales en la redacción de documentos legales, y cualquier intento de simplificación debe preservar dichos elementos esenciales; en este sentido, la inteligencia artificial se enfrenta al arduo reto de hallar un equilibrio entre claridad y precisión.
Para que esta sinergia sea eficaz, es imperativo abordar ciertos desafíos: en primer lugar, la calidad y la imparcialidad de los datos empleados para entrenar los modelos de inteligencia artificial deben ser rigurosamente supervisadas. La inteligencia artificial, al igual que cualquier herramienta tecnológica, depende de la calidad de los datos que la nutren. Si los datos utilizados para el entrenamiento de los algoritmos contienen sesgos, estos podrían perpetuar o incluso exacerbar las desigualdades existentes. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que analice precedentes judiciales podría aprender y replicar sesgos de género o raciales presentes en decisiones previas. Para mitigar este riesgo, es esencial que los desarrolladores de inteligencia artificial trabajen con conjuntos de datos diversos y realicen auditorías periódicas para identificar y corregir posibles sesgos.
En segundo lugar, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial resulta fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el proceso mediante el cual se toman decisiones que impactan sus vidas. Esto implica que los sistemas de inteligencia artificial deben ser explicables y sujetos a auditorías. Los desarrolladores deben crear algoritmos cuyos procesos de toma de decisiones puedan ser comprendidos y evaluados por expertos independientes, garantizando así la rendición de cuentas y la equidad.
Otro aspecto relevante es la formación de los profesionales del derecho: abogados, jueces y otros actores del sistema judicial deben recibir capacitación tanto en el uso de la inteligencia artificial como en la importancia del lenguaje claro. Solo de esta manera se podrá asegurar una implementación efectiva y ética de estas herramientas, promoviendo así una justicia más accesible y eficiente.
Por último, es de suma importancia considerar que la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial no debe sustituir el papel fundamental de los profesionales del derecho en la interpretación y aplicación de normativas legales, pues estas tecnologías deben ser vistas como complementos que facilitan el acceso a la información legal, pero no como reemplazos de la labor humana especializada.
En conclusión, la combinación de un lenguaje claro y la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la administración de justicia, haciéndola más comprensible y accesible para todos los ciudadanos. No obstante, para que estos beneficios se hagan realidad, es fundamental abordar los desafíos relacionados con la calidad de los datos, la transparencia de los sistemas y la formación de los profesionales del derecho; de esta manera, podremos establecer un sistema judicial más equitativo y justo, donde la tecnología y la claridad en el lenguaje colaboren en beneficio de toda la sociedad.
[1] Sentencia Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008. Referencia: expedientes T-1281247 y otros. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá, D.C., 31 de julio de 2008.
[2] Sentencia Corte Constitucional. Sentencia C-288 de 2012. Referencia: expediente D-8690. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D.C., 18 de abril de 2012.
[3] Auto Corte Constitucional. A 305 del 09 de agosto de 2022.
[4] Sentencia, Juzgado Primero Laboral del Circuito Cartagena. Radicado No. 13001410500420220045901; Sentencia No. 032. Juez: Juan Manuel Padilla García. Bogotá D.C., 30 de enero de 2023.
