Colombia endureció las medidas contra quienes recluten o utilicen a niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas. La Ley 2590 de 2026, modifica los artículos 162 y 188D del Código Penal y fortalece simultáneamente las herramientas de prevención y protección frente a la vinculación de menores a grupos armados y estructuras criminales.
Uno de los principales cambios está en el componente penal: la ley eleva las consecuencias para quienes recluten ilícitamente a menores o los utilicen para la comisión de delitos, reforzando la respuesta frente a conductas que afectan a una población considerada sujeto de especial protección constitucional.
Pero la nueva regulación va más allá del aumento de penas. La ley establece que, cuando la Defensoría del Pueblo identifique escenarios de riesgo de reclutamiento, los programas que integran la Ciprunna (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes), deberán activar obligatoriamente la focalización territorial de sus programas en esas zonas. De esta manera, los documentos de la Defensoría que identifiquen escenarios de riesgo activan obligatoriamente la focalización territorial de determinados programas y estrategias.
La norma también dispone que la Ciprunna creará el Equipo Nacional de Acción Inmediata, liderado por el ICBF e integrado por entidades como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los ministerios de Educación y Defensa, la Fuerza Pública, la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo. Su función será articular y activar una respuesta urgente cuando exista una amenaza inminente o una vulneración de derechos que, por su gravedad o complejidad, requiera apoyo del nivel nacional.
Además, la ley incorpora mecanismos de seguimiento y participación ciudadana para observar el comportamiento del fenómeno en los territorios, incluyendo reportes sobre cifras, alertas territoriales y medidas adoptadas por las entidades que integran la Comisión Intersectorial. Así, la Ley 2590 de 2026 fortalece la prevención y la respuesta institucional frente al reclutamiento de menores, mediante la identificación del riesgo, la coordinación entre instituciones y la garantía de mecanismos de atención, inclusión social, asistencia, reparación integral y no repetición.
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