La Corte Constitucional le dio su respaldo a la contratación directa entre entidades del Estado y los Organismos de Acción Comunal (OAC), al declarar exequibles las normas que lo permiten. La decisión busca fortalecer la participación ciudadana en la ejecución de obras locales de baja cuantía.
La demanda argumentaba que esta práctica violaba el principio de libre competencia al dar una ventaja a las juntas comunales sobre otros contratistas. Si bien la Corte reconoció que existe una “restricción a la libre competencia”, determinó que esta es justificada y no desproporcionada.
El fallo se fundamentó en que el objetivo de las normas es superior, ya que busca “fomentar la democracia participativa”, un fin constitucionalmente valioso. La Corte señaló que este mecanismo es una herramienta efectiva para que las comunidades se involucren en su propio desarrollo, superando las desventajas que tienen frente a empresas con ánimo de lucro.
Para la Corte, el impacto real en el mercado es mínimo, pues la participación de los OAC en estos contratos es “leve o marginal”, representando apenas entre un 2% y 3% del total. Por lo tanto, el beneficio de fortalecer a las comunidades y la democracia local supera la leve afectación a la libre competencia.
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