Se crea la “Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Prácticas Restrictivas de la Competencia en la Contratación Estatal”, elaborada por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta tiene como objetivo proporcionar un marco técnico, jurídico y metodológico para identificar, analizar, valorar, prevenir y mitigar los riesgos de prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de contratación pública.
Para ello, la guía establece pautas para el diseño de una matriz de riesgos, detalla los principales riesgos identificados, sus causas, impactos y controles sugeridos, y ofrece recomendaciones específicas para responsables de contratación, oficinas de gestión del riesgo y control interno.
Su propósito es fortalecer las capacidades institucionales de las entidades estatales y de los operadores privados que contratan con el Estado, articulando las exigencias legales nacionales, las mejores prácticas internacionales de la OCDE y los estándares de integridad promovidos por la SIC y la norma ISO 31000. Además, esta guía establece pautas para el diligenciamiento de una Matriz de Riesgos de prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación estatal, que podrá ser consultada en la sede electrónica de la entidad.
Así las cosas, este documento y su matriz son herramientas orientadoras, y por ende no vinculantes, que tienen por objeto contribuir a la disminución de las conductas anticompetitivas que se presentan en el marco de la contratación estatal, gestionar la prevención de riesgos de prácticas que afectan la libre competencia económica, generar mayor confianza entre los actores del mercado y promover un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos.
Incorporar de manera sistemática la gestión del riesgo de prácticas restrictivas de la competencia en el control interno, en los mapas de riesgo institucional y en los programas de cumplimiento tiene varias ventajas. Por un lado, permite identificar señales de alerta temprana, mientras que, por otro lado, promueve la integridad organizacional, eleva la calidad técnica de los procesos contractuales y asegura condiciones más equitativas para la participación empresarial.
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