La Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 899/25 emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, aborda la persistente vulneración del derecho al agua de las comunidades Wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira. Este auto responde a la necesidad de supervisar el cumplimiento de las órdenes dictadas en 2017, que declararon un estado de cosas inconstitucional debido a la vulneración generalizada, masiva, desproporcionada e injustificada del derecho al agua, especialmente para la niñez Wayuu.
Entre las principales falencias se encuentran la falta de uniformidad y actualización en la información presentada, la ausencia de datos precisos sobre la cobertura de agua potable y saneamiento básico, y la carencia de un inventario actualizado de soluciones implementadas. Además, se identificaron problemas estructurales como la baja ejecución de obras, limitaciones en la sostenibilidad de proyectos como pilas públicas, y la falta de articulación entre entidades para garantizar las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua.
La Sala también destacó que los municipios no han proporcionado información clara sobre la población infantil sin cobertura ni sobre estrategias de sostenibilidad, y que proyectos como el embalse El Cercado no han avanzado lo suficiente para ofrecer una solución estructural.
En consecuencia, la Corte Constitucional ordenó a las entidades responsables, incluyendo el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La Guajira, la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, y las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, presentar un plan estructural en materia de agua. Así mismo, se convocó al Comité Técnico de Agua del MSEEPP, a través de la Consejería Presidencial para las Regiones, para formular y remitir este plan a la Sala Especial de Seguimiento, con la participación de las comunidades Wayuu y otros actores relevantes.
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