Fue radicado en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 345 de 2025, que busca reemplazar la legislación contable vigente por más de 30 años (Ley 43 de 1990). La iniciativa, que responde a la necesidad de modernizar la profesión frente a estándares internacionales y nuevas tecnologías, propone cambios drásticos para los contadores públicos del país.
Los puntos más relevantes de la reforma son:
- Fin de la tarjeta profesional vitalicia: Se exigirá al contador público “acreditará su competencia profesional cada cinco (5) años para el ejercicio profesional”.
- Deber de denuncia obligatorio: Será causal de cancelación de la licencia si el Revisor Fiscal omite denunciar actos de corrupción o delitos contra la administración pública, el orden económico o el patrimonio.
- Se anula el secreto profesional para denunciar: El proyecto establece que para cumplir con la obligación de denuncia “no será aplicable el régimen del secreto profesional”.
- Nuevas competencias: La formación básica deberá incluir un segundo idioma, habilidades en transformación digital y conocimientos en sostenibilidad.
- Sanciones actualizadas: Se fijan multas de entre 100 y 220.000 Unidades de Valor Básico (UVB) y suspensiones de 1 a 36 meses.
- Nuevos topes para Revisor Fiscal: Será obligatorio para empresas con activos brutos superiores a 5.000 SMMLV o ingresos brutos mayores a 3.000 SMMLV.
La propuesta legislativa establece un nuevo marco para el ejercicio de la contaduría pública, orientado a la actualización normativa, el fortalecimiento ético y la adopción de estándares internacionales en materia de transparencia y responsabilidad profesional.
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