La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo expidieron la Circular Conjunta No. 1 de 2026, mediante la cual exhortan a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal a dar cumplimiento a la Ley 2462 de 2025, orientada a la protección y garantía de los derechos de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca.
La circular se fundamenta en las competencias constitucionales de los órganos de control y del Ministerio Público, destacando la necesidad de una actuación coordinada del Estado para atender las condiciones históricas de discriminación y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en los territorios rurales, así como su papel fundamental en la economía rural y la seguridad alimentaria.
El documento resalta la necesidad de fortalecer la acción articulada del Estado para atender las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres en los territorios rurales, reconociendo las condiciones de desigualdad y discriminación históricas que las afectan, así como su rol esencial en el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y las actividades productivas asociadas al campo y la pesca.
En este contexto, la Circular Conjunta dispone la actualización de la instancia interinstitucional creada mediante la Circular Conjunta 021 de 2019, con el fin de fortalecer los mecanismos de articulación, seguimiento y control institucional en la implementación de políticas, planes y programas con enfoque de género, territorial y diferencial.
Finalmente, los órganos firmantes reiteran la importancia de que las entidades públicas incorporen las disposiciones de la Ley 2462 de 2025 en sus actuaciones, garantizando acciones concretas que contribuyan a la protección integral, el acceso efectivo a derechos y la superación de las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres rurales, campesinas y de la pesca.
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