El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0065 de 2026, mediante el cual se adopta una política pública de gestión y administración de los cementerios con el objetivo de garantizar la custodia, preservación y manejo digno de los cuerpos no identificados y de los cuerpos identificados no entregados en todo el territorio nacional.
La norma, incorporada al Decreto 1066 de 2015 del sector Interior, busca responder a las órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fortalecer el cumplimiento de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, especialmente el derecho a la verdad, la memoria y la dignidad humana.
El decreto establece obligaciones claras para las entidades nacionales, territoriales y los administradores de cementerios, públicos, privados, mixtos y no formalizados. Entre las principales medidas se encuentran la implementación de reglas de cadena de custodia, la creación de registros de información estandarizados, la preservación de osarios comunes y la capacitación obligatoria de administradores y sepultureros.
Asimismo, se ordena la formulación de un Plan de Acción Nacional, liderado por el Ministerio del Interior, y se habilita a alcaldías y gobernaciones para adoptar planes territoriales, incorporando estas medidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de acuerdo con sus capacidades financieras.
La política también refuerza la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en la gestión de los cementerios y crea una Mesa Interinstitucional encargada de coordinar acciones entre entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Con este decreto, el Estado colombiano da un paso significativo para evitar la pérdida, deterioro o anonimato de cuerpos de personas desaparecidas y avanzar en la búsqueda humanitaria, la protección de la memoria histórica y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
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