La Contraloría General de la República publicó el informe de evaluación fiscal sobre el estado del aseguramiento en salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los programas de salud de las Cajas de Compensación Familiar durante la vigencia 2024, documento que alerta sobre graves deficiencias financieras, creciente deuda y riesgo de insolvencia en varias EPS, en especial en Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados a nivel nacional.
El informe analiza 29 EPS activas, de las cuales 12 se encuentran bajo medidas de Intervención Forzosa Administrativa, Medidas Especiales o en proceso de liquidación, debido al incumplimiento en sus condiciones de solvencia, afectando directamente la garantía del servicio de salud para millones de afiliados. En el caso particular de Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024, la entidad no entregó estados financieros certificados ni dictaminados, lo que impide una evaluación clara de su gestión. No obstante, se evidencia un patrimonio negativo y un riesgo elevado de insolvencia, con una deuda superior a los $9,2 billones, lo que la convierte en la EPS más endeudada del país.
El informe señala que la concentración de población afiliada es altamente riesgosa: más del 59% de los usuarios del sistema están vinculados a EPS que actualmente se encuentran bajo algún tipo de medida de intervención. En cuanto a recursos, durante 2024 la ADRES giró más de $87,8 billones en concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos, siendo Nueva EPS la receptora del 24,6% de esos recursos. Sin embargo, la entidad no demuestra resultados administrativos ni financieros acordes con el volumen de recursos recibidos, ni con su responsabilidad institucional.
Las causas identificadas por la Contraloría para esta situación incluyen la absorción masiva de usuarios por cierre de otras EPS, el incremento en la carga de enfermedades crónicas, demoras en la compensación económica por parte del sistema y una gestión deficiente en el uso de recursos públicos. Además, se resalta el incumplimiento en pagos a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores, lo que ha generado barreras de acceso, deterioro en la calidad del servicio y crecimiento sostenido de la deuda vencida.
La Contraloría advierte que la situación de Nueva EPS no solo compromete la atención efectiva a sus más de 11 millones de afiliados, sino que representa un riesgo estructural para la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Por ello, enfatiza en la necesidad de continuar con la vigilancia fiscal, promover medidas correctivas urgentes y garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del sector salud.
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