El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), mediante el Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, estableció los “lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial”. Este avance representa un paso significativo hacia la modernización del sistema de justicia colombiano, reconociendo el papel transformador de la tecnología en la mejora de procesos judiciales.
El CSJ resalta que la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de optimizar la administración de justicia en áreas como la gestión documental y administrativa, así como en la corrección, síntesis de textos y ejecución de tareas que respaldan la labor judicial. Este tipo de innovaciones podrían agilizar la resolución de procesos, aumentar la eficiencia en la toma de decisiones y mejorar la experiencia de los usuarios del sistema judicial.
Sin embargo, el uso de la IA conlleva riesgos inherentes que requieren atención especial. Entre estos se encuentran:
1. La posible exposición de datos sensibles: La interacción con sistemas de IA puede implicar la transferencia de información que podría ser accesible a terceros.
2. Imprecisiones en los resultados: Las respuestas generadas por las herramientas de IA pueden contener errores o falta de contexto, lo que podría comprometer los derechos fundamentales y garantías de las partes.
Para mitigar estos riesgos, el CSJ propone varias estrategias clave:
- El desarrollo de sistemas de IA que se basen en un corpus de conocimiento específico o institucional, lo que limita la posibilidad de sesgos y garantiza un enfoque orientado al marco normativo y jurisprudencial del país.
- La integración de la IA con herramientas complementarias que extiendan sus capacidades.
- La implementación de controles y supervisión humana constante, lo que asegura que las decisiones y procesos asistidos por IA se mantengan dentro del marco ético y legal vigente.
Estos lineamientos marcan un esfuerzo por equilibrar el potencial transformador de la tecnología con la protección de derechos fundamentales. Su implementación efectiva requerirá no solo recursos tecnológicos, sino también un compromiso en la capacitación y sensibilización de los operadores judiciales.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
