La Agencia Nacional de Contratación Pública ha estructurado la Guía de Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva con el propósito de orientar a las Entidades Estatales del orden nacional y territorial en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. Este ECI fue reconocido por la Corte en razón de la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación, salud, acceso al agua potable y participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, debido al incumplimiento de los mínimos constitucionales por parte de entidades del Gobierno Nacional y el Departamento de La Guajira.
En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 9.4.6.2.4.1 de la Sentencia T-302 de 2017, y como resultado de acuerdos alcanzados en espacios de diálogo con representantes del Pueblo Wayúu en el año 2022, este instrumento busca garantizar la transparencia e imparcialidad en la contratación pública mediante la implementación de criterios de selección objetiva y el respeto de las reglas contenidas en el Estatuto General de Contratación.
Esta guía se enfatiza en la necesidad de aplicar un enfoque étnico diferencial cuando se requiera y el respeto de las costumbres, estructuras sociales, formas de organización y dinámicas internas de participación del Pueblo Wayúu, promoviendo una contratación inclusiva que armonice el interés general con el bienestar de las comunidades, garantizando la participación efectiva de sus miembros en cada etapa del proceso: desde la planeación hasta la ejecución y supervisión contractual.
Las Entidades Estatales deberán identificar en sus proyectos de inversión y en la justificación de la necesidad contenida en los estudios previos criterios objetivos y constitucionales en la identificación de beneficiarios en sus proyectos de inversión, velando porque los procesos contractuales estén alineados con los objetivos establecidos por la Corte. Esta focalización debe ser pública, razonable y verificable, evitando sesgos o decisiones arbitrarias.
Su implementación contribuye significativamente a optimizar el uso de los recursos públicos, prevenir actos de corrupción, garantizar la pluralidad de oferentes y, sobre todo, avanzar en la garantía real y efectiva de los derechos fundamentales del pueblo Wayúu.
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