La regla fiscal es un mecanismo legal que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado colombiano. Fue establecida mediante la Ley 1473 de 2011 y reformada por la Ley 2155 de 2021. Su objetivo principal es evitar que el Gobierno gaste más de lo que puede financiar de manera responsable, especialmente en el mediano y largo plazo, estableciendo límites al déficit fiscal y al nivel de endeudamiento público obligando al Gobierno a mantener un balance entre lo que gasta y lo que recauda, de manera que se asegure la estabilidad económica del país.
Esta regla prevé una cláusula de escape que se encuentra consagrada en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2155 de 2021, la cual establece que
“Permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. En caso de que ocurran estos eventos, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) podrá activar esta cláusula de escape, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Gobierno nacional reglamentará su funcionamiento, particularmente la duración máxima de la desviación de las metas fiscales, la magnitud de esta desviación y la senda de retorno al pleno cumplimiento de las metas fiscales, de acuerdo con las disposiciones de este artículo.”
En junio de 2025, el Ministerio de Hacienda, a través de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025, informó la activación de la cláusula de escape. Esta decisión fue adoptada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y tuvo como principal fundamento el deterioro significativo de las finanzas públicas durante el año 2024, cuando el déficit fiscal alcanzó un 6.7 % del PIB, superando ampliamente el límite previsto por la regla fiscal. El Gobierno consideró que esta situación constituye un evento excepcional que compromete la estabilidad macroeconómica del país, por lo cual justificó el uso de este mecanismo temporal, que permite ajustar gradualmente las metas fiscales mientras se garantiza la continuidad del gasto público esencial.
Recientemente el ciudadano Pedro Nel Ospina Santamaría presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) activó la cláusula de escape, solicitando además la imposición de medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos de dicha decisión. Según la demanda, reflejada en publicaciones de medios recientes, Ospina argumenta que no existía un evento extraordinario que justificara esa activación, y denuncia falta de publicidad del acta respectiva en el Diario Oficial, lo que vulneraría la transparencia y legalidad del procedimiento.
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