A pocos meses de iniciar los procesos electorales de 2025 y 2026, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Electoral N°013-25, un documento, de alcance nacional, basado en evidencia y presencia territorial, que identifica riesgos para el ejercicio de los derechos políticos y a la vida de las personas en el contexto electoral.
Al respecto la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó: “Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”.
Su objetivo es fortalecer la acción preventiva del Estado y orientar la coordinación institucional antes, durante y después de las elecciones. Para ello, el documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, con especial énfasis en la prevención y protección:
- Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
- Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
- Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
- Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
- Procuraduría, Personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
La Alerta también destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a:
- Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
- Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
- Defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
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