FRANCISCO JAVIER FAJARDO ANGARITA
Abogado – Empresario.
Hijo de la educación pública, de padres trabajadores y de una familia de sindicalistas, en un hogar donde los recursos no sobraban, pensar en paseos o en planes de fin de semana era un lujo remoto, casi exótico. De modo que aquel viaje escolar al complejo de piscinas de Chachagüí, que denominaban “Un Sol Para Todos”, tenía para un niño de barrio, la dimensión de una excursión a otro mundo.
En el colegio se esperaba con ansiedad ese día. Llegaba por fin el momento en que nos apiñaban, cuarenta o más estudiantes, en un bus fatigado y ruidoso, y nos llevaban a aquella sede que después supe, pertenecía a Comfamiliar. Allí estaban las piscinas, el tobogán, el célebre avión rojo destartalado donde vendían helados, los paseos a caballo, lánguidos y famélicos -nunca tuve dinero para pagar uno; si acaso para comprar una gaseosa-. Sin embargo, éramos inmensamente felices.
Al regreso, mi padre me preguntó cómo había salido todo. Yo, todavía inflamado por la emoción del viaje, le conté cada detalle con el entusiasmo desordenado de los niños. Recuerdo que le dije con cierta voz de autoridad, que esas piscinas éran de alguna gente muy rica del pueblo. Mi padre un sindicalista beligerante, me corrigió con seriedad seca:
-Esas piscinas no son de la gente rica. Son de los trabajadores… ¡Y de sus hijos!
Años más tarde, la vida me sacó del recuerdo y me metió en el conflicto. Me tocó, junto con un grupo valiente de empresarios afiliados, dar la pelea por la elección del revisor fiscal de la entidad, en medio de una crisis seria. La ganamos de manera rotunda. Y fue en esa batalla donde comprendí que aquel “sol para todos” de la infancia ya no era una promesa sino una ironía. Porque si todavía alumbra, alumbra poco. Y sobre todo, alumbra a pocos.
La nueva sede administrativa, en el Edificio Agualongo del centro de Pasto, se alza imponente y moderna, con su letrero corporativo bien visible desde la calle. No ha cambiado mucho en apariencia. Pero el lema que la acompañó durante años se ha vuelto una burla administrativa. La caja, constituida como corporación privada sin ánimo de lucro para compensar a los trabajadores y apoyar a los empresarios del departamento, lleva ya casi cuatro años bajo intervención administrativa total de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Lo que se presentó como medida excepcional, transitoria y redentora terminó convertido en una de esas fórmulas tan colombianas por las cuales lo provisional se eterniza y lo extraordinario se vuelve ordinario.
Hay crisis que llegan como un rayo. Y hay otras que llegan como un expediente. La de Comfamiliar Nariño pertenece a esta segunda categoría: tiene radicado, tiene membrete, tiene firma, tiene sello y seguramente tuvo también café recalentado sobre escritorio oficial. Primero vino la vigilancia especial desde septiembre de 2020; después, la intervención total mediante Resolución 0312 de mayo de 2022, cuando ya habían pasado veinte meses sin que el plan de mejoramiento avanzara como debía. La propia Superintendencia habló de riesgo inminente de pérdida de activos, recursos y patrimonio. No lo dijo un opositor malhumorado: lo dijo el órgano llamado a vigilar. Luego llegaron las prórrogas, la última con la Resolución 0535 de mayo de 2025, y toda esa prosa elástica con la que el Estado colombiano acostumbra bautizar los fracasos sin tener que reconocerlos.
Y entonces comenzó el teatro. Se anuncian rutas. Se prometen ajustes. Se nombran agentes. Se redactan planes. Se publican comunicados. Pasa el tiempo. Pasan los meses. Pasan los años. Y la enfermedad sigue allí, solo que ahora rodeada de médicos con bata limpia y lenguaje técnico. De modo que ya ni siquiera sabemos si estamos ante un proceso de recuperación o ante una autopsia prolongada.
En Colombia las instituciones rara vez fracasan: “entran en proceso”. El eufemismo es una de las pocas industrias que aquí sí gozan de plena salud. Todo se acompaña, se monitorea, se fortalece, se reestructura. Lo único que casi nunca se hace es resolver.
Pero el problema no parece ser solo la incompetencia burocrática. Hay algo más inquietante: indicios cada vez menos sutiles de que la intervención ha servido también para disputar el control político y económico de una institución regional. No es casualidad. Hay un plan. Actores identificados desde el centro del país han coordinado esfuerzos para debilitar la institución desde dentro.
Una de las líneas de ataque más sistemáticas ha sido contra la revisoría fiscal: esa figura fastidiosa para los avivatos porque tiene la mala costumbre de revisar lo que otros preferirían mantener en penumbra. Se le han puesto obstáculos, se le ha arrinconado, se han minimizado sus observaciones, se le ha dificultado el acceso a información sensible y, cuando su presencia ha resultado demasiado incómoda, se han buscado formas de neutralizarla, incluso sacarla a sombrerazos. Mientras la intervención dure, todo control independiente estorba. La vigilancia técnica termina convertida en formalidad irritante.
Naturalmente, la versión oficial no habla en esos términos. Habla de gestión ordenada, de medidas cautelares, de salvamento institucional. La burocracia tiene una virtud retórica extraordinaria: logra que una hemorragia parezca parte del tratamiento. Y no deja de ser llamativo que quienes ejercen el control de la intervención suelan sentirse tan cómodos en ella. Levantar la medida implicaría devolver autonomía. Y la autonomía, para ciertos intereses, siempre resulta menos cómoda que el tutelaje.
Como si no bastara con eso, hoy incluso los propios trabajadores de Comfamiliar -los que día a día la sostienen con su esfuerzo- ven vulnerados sus derechos laborales y desconocidos los acuerdos de su convención colectiva. Anuncian paro. La paradoja es casi obscena: la entidad concebida para proteger al trabajador termina maltratándolo. Y será el tiempo quien, implacable, señale a la persona responsable de esta debacle, esa que tiene nombre y apellido, que conspira en la sombra y se pavonea diciéndose dueña y ama de la entidad. Los hechos parecen confirmarlo.
Aquí, por supuesto, cada cual tendrá su coartada. Los antiguos administradores culparán al sistema de salud, a la coyuntura, a los bancos o, con un refinamiento moral muy colombiano, se culparán a sí mismos sin dejar de excusarse. Los interventores dirán que recibieron un incendio. Los políticos dirán que acompañan. Los entes de control explicarán que hacen seguimiento, aunque el seguimiento rara vez siga hasta las consecuencias. Los abogados dirán que el asunto es complejo. Los técnicos pedirán esperar el próximo informe. Y los ciudadanos, como siempre, deberán hacer fila frente a la ventanilla de las explicaciones tardías.
Ese es, quizá, el escándalo más colombiano de todos. Aquí se intervienen entidades con el mismo entusiasmo con que se ponen primeras piedras de obras que nunca se terminan: con discurso, fotografía, promesa y olvido. Pero después nadie responde por la duración del remedio, aunque el enfermo siga postrado. A veces da la impresión de que llega el médico, diagnostica con gravedad y, en vez de curar al paciente, decide instalarse a vivir en la casa.
Y mientras la intervención se prolonga, Comfamiliar deja de pertenecer en la práctica a quienes debería pertenecer: a los trabajadores, a los empresarios que aportan, a la región que la sostiene. Pasa a pertenecer al centro. A Bogotá. Y peor todavía: pasa a girar alrededor de intereses políticos cuyo propósito no parece ser rescatarla sino administrarla, capturarla o repartirla.
Esa es la verdad incómoda. Y obliga a admitir algo elemental: la defensa de la caja no puede presentarse como una pelea entre trabajadores y empresarios, porque no lo es. Esa caricatura solo les sirve a los políticos que viven de dividir para quedarse con aquello que otros sostienen. Aquí la tarea es exactamente la contraria: que trabajadores y empresarios entiendan que tienen un interés común en rescatar la entidad de las manos de quienes la usan como botín.
Los empresarios que cotizan, los trabajadores que dependen del subsidio, las familias que usan los servicios, todos tienen derecho a exigir respuestas concretas. Cuánto se debe. A quién se debe. Qué patrimonio está comprometido. Qué servicios están en riesgo. Qué procesos judiciales amenazan a la entidad. Qué decisiones fracasaron. Qué responsables hubo. Cuál es el verdadero calendario de salida de la intervención. Y quién responderá si ese calendario vuelve a incumplirse, como ya es costumbre en esta república de las prórrogas.
No más comunicados tranquilizadores. No más recorridos protocolarios. No más promesas perfumadas de recuperación institucional. Nariño no necesita anestesia verbal. Necesita verdad.
Porque la dignidad de una institución no se decreta. Se defiende. Y aquí se la está dejando perder.
“Un sol para todos” no puede seguir siendo apenas una frase adherida al recuerdo de un centro recreacional en Chachagüí. Tiene que volver a significar algo real para la vida de los nariñenses. Que la caja vuelva a ser de la región y no de los políticos.
De lo contrario, de aquel sol no quedará sino el letrero. Y debajo del letrero, como debajo de tantas cosas en Colombia, un expediente con radicado, membrete y firma oficial.
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