FRANCISCO JAVIER FAJARDO ANGARITA
Abogado – Empresario.
Siendo estudiante de la Universidad de Nariño, cuando cursaba el primer año de derecho llegaron a mis manos las fotocopias amarillentas y arrugadas de un libro titulado, simplemente: Desobediencia civil, de Henry David Thoreau. Era una especie de manual. Uno de esos textos que circulaban entre amigos, camaradas, futuros abogados, aprendices de revolucionario y demás fauna universitaria, todos convencidos de que el “poder popular” estaba a la vuelta de la esquina.
Sigo. Leí algunas hojas con poca emoción. Me produjo más incomodidad que fervor. Yo estudiaba derecho, es decir, estudiaba esa ficción indispensable según la cual una sociedad decide someter sus apetitos y sus venganzas a la obediencia de una norma común. Y de pronto aparecía un librito, tan campante, a enseñarme el arte de no obedecer. Me pareció entonces una contradicción casi íntima: ¿cómo podía uno querer ser abogado y, al mismo tiempo, encontrarle nobleza a la inaplicación deliberada de la ley? En vez de resolver el dilema, lo dejé tirado en alguna parte y seguí leyendo a Norberto Bobbio, obligatorio para mi maestro de Introducción a Derecho, mi querido profesor Flavio Noguera.
Sigo. Con los años entendí que la desobediencia civil no es una pataleta; ni tampoco una patente de corso para que los perdedores de una elección se declaren superiores al resultado de las urnas. La desobediencia civil, debe, condición para su existencia, ser pública, pacífica, excepcional, proporcionada y, sobre todo, costosa para quien la ejerce. El desobediente civil de verdad no pide impunidad por no aceptar la autoridad institucional y violar la ley. Acepta la sanción para denunciar la injusticia. Paga el precio. Lo otro, lo de convocar al desacato impunemente, es apenas una forma más elegante de echarle gasolina a la vanidad política.
Por eso vuelve a producirme aquel ruido antiguo, una mezcla de desazón y cansancio que, después de una segunda vuelta estrecha, agria y peligrosamente identitaria, se haya instalado en el debate la expresión “desobediencia civil pacífica” como amenaza, como consigna, como experimento social o como chantaje retórico. El Consejo Nacional Electoral confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda; luego Cepeda, que primero reconoció el resultado, condicionó el reconocimiento pleno del presidente electo a exigencias como la renuncia a la ciudadanía estadounidense y habló de acudir a la desobediencia civil pacífica si esas condiciones no se cumplían.
No conviene caricaturizarlo todo. En democracia la oposición no solo es legítima: es necesaria. Un gobierno sin oposición se acostumbra demasiado rápido a que nadie le lleve la contraria. Si hay dudas constitucionales, que se tramiten ante las autoridades competentes. Lo que no puede haber es la peligrosa pedagogía según la cual cada sector político obedece la Constitución solamente cuando gana.
La Constitución colombiana, esa señora tan citada como maltratada, permite reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Pero también recuerda que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, respetar derechos ajenos y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. No es una sutileza de leguleyo: es la diferencia entre una república y una asamblea permanente de furias.
La Corte Constitucional ha sido clara en proteger con especial fuerza la protesta social pacífica. Y hace bien. Una democracia que teme la protesta termina temiendo a sus ciudadanos. Pero esa misma jurisprudencia ha recordado que la violencia no queda amparada por el derecho a manifestarse. También el Código Penal, sanciona la obstrucción ilícita de vías cuando afecta bienes tan elementales como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el ambiente o el derecho al trabajo.
Aquí empieza el problema de Nariño. Porque en Bogotá, la Bogotá del Park Way, del Chicó o Rosales, la desobediencia civil puede sonar a frase de seminario. Casi, como si fuera melodiosa al intelectualismo de café. En Nariño, en cambio, puede significar la tragedia.
Nariño no es una abstracción geográfica ni una provincia ornamental para los discursos nacionales. En 2024, tenía una pobreza monetaria de 39,2% y una pobreza multidimensional de 18,1%, por encima de los promedios nacionales; además, aportaba el 11,2% del PIB de la región Pacífica. El DANE confirma esa participación regional en el PIB de 2024, y la propia medición oficial de pobreza monetaria departamental muestra a Nariño en 39,2%.
Es decir: no estamos hablando de un territorio con reservas infinitas para soportar aventuras simbólicas, demasiado acostumbrada a que la nación solo recuerde su existencia cuando la Panamericana se cierra. En la emergencia de Rosas, la Gobernación de Nariño pidió llevar por Tumaco no menos de dos millones de galones de combustible y advirtió afectaciones drásticas en la comunidad, los gremios, las empresas y los renglones productivos por la escasez de combustible, insumos, alimentos y materias primas.
Eso no es teoría. Es la política convertida en trancón. Es la épica de unos pocos, afectando a todos.
Cuáles son las causas que motivan la efervescencia de la desobediencia civil que por definición es o debería ser a prueba de efervescencias: Que el presidente elegido, eso se ha dicho, tiene doble nacionalidad. O triple, no lo sé. Este argumento, tiene la mala saña de devolverse como boomerang. Gustavo Petro también fue cuestionado por su nacionalidad italiana y respondió públicamente a esa polémica. De modo que sería prudente que quienes hoy descubren, con teatral escándalo, el drama de las ciudadanías múltiples, recuerden que en política la indignación selectiva envejece mal y huele peor.
Otra de las causas, que mueven la desobediencia es la eventual extradición de Gustavo Petro. Conviene decirlo sin histerias: No existen pruebas de que cursen causas en contra del presidente saliente. Si existen procesos, que hablen los jueces; si hay rumores, que se queden en el basurero donde nacen; si hay garantías que defender, que se defiendan con derecho y no con carreteras cerradas.
Tal vez la amenaza de desobediencia civil no pase de ser una manera de mantener cohesionada una militancia herida por la derrota. Tal vez sea solo retórica de plaza, combustible barato para no dejar enfriar a los propios. Tal vez sea la manera, poco elegante pero eficaz, de decirles a los electores: seguimos aquí, no nos resignamos, no nos disolvemos. Todo eso cabe en la política. Lo que no cabe, o no debería caber, es usar a Nariño como escenario sacrificial de una polarización fabricada en otra parte.
Porque Nariño ya ha pagado demasiadas facturas ajenas. Ha pagado las de la centralización bogotana. Ha pagado las de los derrumbes, los paros, los incumplimientos, los aplazamientos, las mesas eternas, las obras anunciadas, las obras contratadas a medias y las obras que se dañan, antes de empezar a funcionar.
A la dirigencia del Pacto Histórico en Nariño habría que decirle algo elemental: no confundan protesta con parálisis, oposición con obstrucción, dignidad con bloqueo. Si quieren ganar las elecciones territoriales próximas, si quieren conservar autoridad moral, si quieren hablar en nombre de la gente, empiecen por no arruinarle la semana a la gente. Nadie agradece que le cierren la vía para salvar la democracia mientras se le daña la cosecha, se le acaba la gasolina o se le encarece el mercado.
Y al nuevo gobierno también habría que decirle lo suyo: Si Nariño es estratégico, trátenlo como estratégico. Si la Panamericana es vital, no la recuerden solo cuando se cierra. Si Tumaco puede ser un puerto de contingencia, no lo improvisen cada vez que el sur queda aislado. Si las comunidades reclaman, escúchenlas antes del bloqueo, no después de la foto. La institucionalidad no puede limitarse a sacar el Código Penal cuando ya fracasó la política.
La protesta social, sí. El control político, sí. La oposición, sí. La deliberación dura, sí. Pero la desobediencia a la ley como punto de partida, definitivamente no. La carretera como rehén, tampoco. Nariño como mecha de una hoguera nacional, no lo permitiremos.
Porque una república no se defiende desobedeciendo cada vez que el resultado disgusta. Se defiende obedeciendo las reglas comunes, cambiándolas por los cauces previstos cuando sean injustas y protestando dentro de los límites que hacen posible que mañana pueda protestar también el contrario. Lo demás no es revolución, ni resistencia, ni dignidad: es la vieja anomia colombiana con palabras bonitas.
Nariño se respeta. Pero se respeta en serio: sin convertirlo en barricada de vanidades nacionales, sin usar su pobreza como escenografía, sin bloquear su comida, su salud, su trabajo y su comercio. Que protesten quienes quieran protestar. Que ejerzan la autoridad por cauces legales a quien le corresponda hacerlo. Que fallen los jueces. Que legisle el Congreso. Que gobierne quien ganó. Que se oponga quien perdió. Y que Nariño, por una vez, no tenga que pagar el peaje de la irresponsabilidad ajena.
Nota Aclaratoria. Las columnas de opinión publicadas en la sección de Opinión de la página web de Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S. tienen un propósito exclusivamente informativo y reflexivo. Su contenido refleja únicamente las ideas y puntos de vista de sus autores, y no constituye una posición oficial ni un criterio institucional de la firma frente a los temas abordados.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
