La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado declaró la nulidad de las expresiones «contratantes», «contratistas» e «independientes» del artículo 2 de la Resolución 3461 de 2025, proferida por el Ministerio del Trabajo. El eje central de la providencia se edifica sobre la inmutabilidad de la subordinación jurídica como presupuesto estricto de aplicación de la Ley 1010 de 2006.
La tesis que fundamenta la declaratoria de nulidad radica en la extralimitación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo al desconocer los límites materiales fijados por el legislador. Para sustentar esta postura, la Corporación integró las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C-960 de 2007. Dicho precedente constitucional declaró exequible la exclusión de los contratistas de la Ley 1010 de 2006, precisando que la protección contra el acoso laboral obedece intrínsecamente a la existencia de una relación de subordinación.
Bajo esta óptica, excluir a los contratistas no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que los trabajadores subordinados y las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios no constituyen grupos comparables. La única salvedad reconocida por la jurisprudencia constitucional, y reiterada por el Consejo de Estado, opera cuando quien presta el servicio logra demostrar la verdadera existencia de un vínculo laboral (contrato realidad).
Por consiguiente, al pretender someter a los contratistas y trabajadores independientes a la competencia y a los procedimientos de los Comités de Convivencia Laboral, el Ministerio desbordó su competencia residual e intentó modificar por vía administrativa los elementos esenciales del contrato de trabajo (artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo). La Corporación enfatizó que la naturaleza preventiva del mecanismo no habilita al Ejecutivo para integrar relaciones jurídicas autónomas, pues ello implicaría desnaturalizar las figuras civiles y comerciales.
En estricta coherencia con esta tesis central, la sentencia condicionó la legalidad de la expresión «estudiantes». Aplicando el mismo rasero de la subordinación material, se determinó que la norma solo ampara a quienes ejecutan prácticas en un entorno laboral como requisito de grado, ya que únicamente en este escenario formativo se configura una sujeción a directrices operativas que justifica el acceso al mecanismo de prevención.
Nota Aclaratoria. Las publicaciones realizadas por Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S. en la sección de NOTICIAS, tienen como finalidad divulgar decisiones relevantes de las autoridades judiciales y administrativas, con el propósito de informar a quienes se interesan en estos temas. Estas publicaciones no comprometen, en ningún caso, la postura de la firma frente a los asuntos tratados.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
