El demandante promovió medio de control de nulidad electoral contra el acto mediante el cual la Asamblea Departamental del Atlántico eligió a la contralora departamental para el período 2026-2029.
Como medida cautelar, solicitó la suspensión provisional de los efectos de dicha elección. Sostuvo que la convocatoria pública fue abierta el 7 de octubre de 2025 y que la elección tuvo lugar el 4 de diciembre del mismo año, por lo que no se cumplió el término mínimo de tres meses previsto para este tipo de procesos.
Asimismo, alegó que la elección se realizó en una sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental, pese a que la ley dispone que la escogencia del contralor debe efectuarse en el último período de sesiones ordinarias que antecede el inicio del respectivo período institucional.
La Sección Quinta, además examinó si para efectos de la medida cautelar, se evidenciaba una posible vulneración de las normas que regulan el procedimiento de elección de los contralores territoriales, particularmente en lo relacionado con el plazo mínimo entre la convocatoria y la elección, así como con la realización de esta última en sesión extraordinaria. La Sala recordó que las disposiciones aplicables a la elección del contralor general también rigen para la elección de los contralores territoriales y que la Resolución 0728 de 2019 exige que la convocatoria pública se realice con una antelación mínima de tres meses respecto de la sesión de elección.
Al confrontar las pruebas aportadas, advirtió que la convocatoria fue expedida el 7 de octubre de 2025 y que la elección se efectuó el 4 de diciembre de ese mismo año, lapso que no satisface la exigencia temporal prevista en dicha regulación.
El Consejo de Estado concluyó que la aparente inobservancia de ese término mínimo no solo compromete el cumplimiento de la normativa aplicable, sino que puede afectar principios que orientan la selección de los contralores territoriales, tales como la transparencia, la publicidad, la objetividad y la participación ciudadana.
Por ello, estimó configurados los presupuestos para decretar la suspensión provisional del acto acusado. De otra parte, la Sala precisó que la elección del contralor departamental constituye una función administrativa propia de las asambleas departamentales, razón por la cual puede llevarse a cabo válidamente en sesiones extraordinarias.
En consecuencia, descartó que la realización de la elección en esa clase de sesiones constituyera, por sí sola, una irregularidad que comprometiera la legalidad del acto demandado. Finalmente, revocó el auto del Tribunal Administrativo del Atlántico y decretó la suspensión provisional de los efectos de la elección mientras se resuelve de fondo el proceso.
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