El 16 de octubre de 2024 y tras el trabajo articulado del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia y Derecho, se radicó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional, mediante el que se pretende establecer los mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
Tal y como se señala en la exposición de motivos, “mediante este proyecto, además de fortalecer los sistemas de justicia propios y el acceso a la justicia, se colma un vacío legal que ha generado preocupantes niveles de inseguridad jurídica, indefinición, desarticulación y multiplicidad de esfuerzos en materia de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Al tiempo que, se atiende al exhorto de la Corte Constitucional al Congreso de la República para que fije las reglas básicas de decisión en un campo de importancia crítica para la consolidación de un Estado pluriétnico y multicultural”
Del referido proyecto, se resalta que:
- “Por primera vez, un instrumento jurídico reconoce el debido proceso propio de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos.
- El proyecto de ley refuerza el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, proporcionando un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
- La ley establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como la mediación lingüística, formación para autoridades y operadores judiciales, y capacitación para intérpretes en lenguas indígenas, promoviendo una justicia más inclusiva.
- Recoge los elementos jurisprudenciales para la determinación del fuero indígena y los factores para determinar la competencia”.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
