En reciente decisión el Consejo de Estado ordenó restituir una pensión que había sido revocada por Colpensiones, al encontrar que la entidad actuó sin cumplir plenamente las garantías legales y constitucionales.
El fallo, emitido el 27 de marzo de 2026, estudió el caso de una ciudadana a quien se le había retirado una sustitución pensional bajo el argumento de presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos.
La controversia jurídica se suscitó cuando Colpensiones, luego de reconocer la prestación por el fallecimiento del compañero permanente de la accionante, inició una investigación administrativa. En desarrollo de dicho trámite, la entidad concluyó que no se había acreditado la convivencia mínima de cinco años exigida por la ley, por lo que procedió a revocar el acto administrativo que había reconocido la pensión. Posteriormente, la entidad demandó su propio acto en sede judicial para obtener la devolución de los valores pagados.
Al entrar a estudiar el fondo del caso, el Consejo de Estado concluyó que la decisión de la administración carecía de sustento suficiente. En particular, advirtió que no se logró demostrar de manera clara y objetiva la existencia de fraude o de alguna irregularidad que justificara la revocatoria de la pensión. Además, señaló que las pruebas recaudadas no cumplían con los estándares exigidos para adoptar una medida de esa gravedad, lo que evidenció deficiencias en la actuación administrativa.
A esto se suma que, durante el trámite, se vulneraron garantías esenciales del debido proceso de la beneficiaria, al no asegurarse plenamente su derecho de defensa y contradicción. Por estas razones, el alto tribunal concluyó que la decisión administrativa no era válida y debía dejarse sin efectos.
En esa misma línea, la sentencia aprovecha para fijar límites claros al actuar de las entidades públicas. Reitera que la revocatoria directa de pensiones es una facultad excepcional, que solo puede ejercerse cuando existan pruebas contundentes de fraude o ilegalidad. Asimismo, subraya que cualquier actuación en este sentido debe ajustarse de manera estricta al debido proceso, como garantía fundamental de los ciudadanos frente al poder del Estado.
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