El 3 de septiembre de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa y mantuvo la legalidad de los actos de la Contraloría General de la República que la declararon tercero civilmente responsable en el proceso de responsabilidad fiscal No. 2014-04181.
El caso se originó en el contrato de obra 162 de 2011 celebrado entre el municipio de Planeta Rica (Córdoba) y la Fundación FUNDET para la reforestación de 146 hectáreas. La Contraloría encontró un detrimento patrimonial por la pérdida generalizada de las plantaciones, atribuyó responsabilidad fiscal al contratista por ejecución defectuosa y vinculó a la aseguradora con base en la póliza de cumplimiento 360-47-994000011690.
La Sala, con ponencia del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sostuvo que la prescripción de la póliza se rige por el término de cinco años previsto en el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 9 de la Ley 610 de 2000; que el detrimento correspondía a un riesgo cubierto por el amparo de cumplimiento, al provenir de la ejecución defectuosa de las obligaciones contractuales; y que se encontraban acreditados el daño fiscal, la conducta gravemente culposa del contratista y el nexo causal. Rechazó los cargos sobre irregularidades procesales, nulidad decretada en grado de consulta y motivación de la vinculación de la aseguradora.
El consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta salvó el voto. Considera que la responsabilidad fiscal y la obligación de la aseguradora tienen fuentes y presupuestos jurídicos distintos. La declaratoria de responsabilidad fiscal del contratista no equivale, por sí misma, a la ocurrencia del riesgo asegurado. La póliza no cubría cualquier detrimento: tenía amparos diferenciados (cumplimiento vigente solo hasta el 30 de junio de 2012 y con suma asegurada de $114.200.000; anticipo y salarios con vigencias y montos propios). El daño se constató en visitas de octubre de 2012, después del acta final de recibo del 28 de diciembre de 2011 y del pago total del contrato.
Para el magistrado disidente, el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 permite vincular al garante, pero no convierte a la Contraloría en juez del contrato ni le habilita para configurar por sí misma el siniestro. La obligación de la aseguradora debía establecerse autónomamente a partir del riesgo específicamente amparado, su vigencia, el valor asegurado y la subsistencia del interés asegurable. El precedente de 15 de agosto de 2013 de la misma Sección, citado por la mayoría, en realidad reafirma la necesidad de verificar la correspondencia entre el daño declarado y la cobertura contratada.
La sentencia mayoritaria mantiene la vinculación de la aseguradora. El salvamento de voto plantea un límite estructural: el control fiscal no puede expandir, por vía de la vinculación del garante, los riesgos que el contrato de seguro efectivamente cubrió.
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