En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Contraloría General de la República anunció que realizará el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en el marco de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), a través de la implementación del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, en virtud del control fiscal concomitante y preventivo.
El Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo implementado por la Contraloría General a través de la DIARI, permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de manera técnica, continua y sistemática.
Su objetivo es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Para ello, integra bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, facilitando la detección de patrones de riesgo e irregularidades que puedan afectar la transparencia y la equidad electoral.
A partir del 8 de noviembre de 2025, en el marco del control fiscal concomitante y preventivo, la entidad empezó a monitorear que no se utilice la contratación a través de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, alertando de manera temprana ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos.
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