La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró penalmente responsable a Wilsson Ladino Vigoya, en su calidad de exgobernador del departamento de Vaupés (período 2004-2007), como autor del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo bajo la modalidad continuada.
La condena se fundamenta en la suscripción de múltiples convenios con organismos internacionales (SECAB, OEI y ALMA MATER) sin adelantar los trámites precontractuales ni los procedimientos de selección objetiva exigidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. A través de esta actuación, se permitió que dichas entidades administraran recursos públicos sin acudir a los procesos de licitación correspondientes, facilitando con ello la apropiación indebida de recursos a favor de terceros.
Los convenios celebrados no se ajustaron al marco normativo de la contratación estatal, vulnerando principios fundamentales como la planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva. Se determinó que estos instrumentos contractuales fueron empleados para eludir el procedimiento de licitación pública, delegando la ejecución de los contratos a terceros sin la idoneidad técnica requerida, lo que generó un detrimento patrimonial al departamento de Vaupés y configuró el delito de peculado por apropiación.
En consecuencia, la Sala impuso al condenado una pena de 94 meses de prisión, una multa de $302.527.933,62, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 97 meses y 18 días. Adicionalmente, se le condenó al pago de los perjuicios causados al departamento de Vaupés, por la suma de $1.532.408.664,67, valor que deberá ser actualizado al momento de su efectivo pago.
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