La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante auto AC739-2026 del 13 de febrero de 2026, declaró la responsabilidad por temeridad procesal del apoderado judicial de una de las partes, tras comprobar que presentó un recurso extraordinario de revisión sustentado en normas y precedentes judiciales inexistentes, generados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) sin la debida verificación.
El pronunciamiento se produjo dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión promovido contra una sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio. En su escrito inicial y en la posterior subsanación, el abogado citó artículos del Código General del Proceso con contenido alterado, así como múltiples providencias de la Corte Suprema de Justicia que, tras verificación por parte de la Relatoría, no existen en los repositorios oficiales.
Ante las inconsistencias detectadas, la Sala inadmitió la demanda, puso de presente las irregularidades y concedió traslado al profesional para que las explicara. En su respuesta, el apoderado reconoció expresamente que los errores provenían del uso de un programa de Inteligencia Artificial empleado para agilizar la elaboración de escritos judiciales.
La Corte explicó que los modelos de lenguaje generativo, si bien son herramientas útiles, presentan una propensión estructural a producir “alucinaciones”, esto es, contenido formalmente correcto, pero carente de respaldo real. En el ámbito jurídico, advirtió, este fenómeno resulta especialmente grave, pues la ley y la jurisprudencia no solo informan el derecho, sino que lo constituyen.
Con fundamento en los artículos 79 a 81 del Código General del Proceso, la Sala concluyó que el abogado incurrió en temeridad procesal, al introducir en el proceso fuentes jurídicas falsas, sin verificar su existencia y contenido. Precisó que el deber de verificación es indelegable y recae sobre quien presenta el escrito, incluso cuando se apoya en asistentes humanos o tecnológicos.
Asimismo, la Corte dispuso compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que evalúe la posible configuración de faltas disciplinarias conforme a la Ley 1123 de 2007, al estimar que la conducta podría encuadrar en la infracción por citas inexistentes o inexactas capaces de desviar el recto criterio judicial.
Este auto constituye el primer precedente en Colombia en el que se sanciona expresamente a un abogado por el uso irresponsable de Inteligencia Artificial en un proceso judicial, fijando un estándar de diligencia reforzada frente a la utilización de estas tecnologías en el ejercicio profesional del derecho.
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