El Gobierno nacional expidió el Decreto 0241 de 2026, mediante el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026 con el propósito de financiar las medidas de atención, recuperación y rehabilitación derivadas de la emergencia ocasionada por la severa ola invernal que afecta a varios departamentos del país.
La medida se adopta en desarrollo del Decreto 0150 de 2026, a través del cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, debido a los graves impactos generados por un frente frío asociado a una intensa temporada de lluvias.
Según lo expuesto en el decreto, las afectaciones producidas por la emergencia superan la capacidad de respuesta del presupuesto ordinario previsto para la vigencia 2026, por lo que resultó necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan disponer de recursos adicionales para atender a la población damnificada, reparar la infraestructura dañada y prevenir la extensión de los efectos de la crisis.
En ese contexto, el decreto autoriza una adición presupuestal por $8.682.063.516.112, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de la emergencia.
Una parte significativa de estos recursos se destinará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar las acciones de atención y recuperación temprana, con el fin de ejecutar programas de rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas.
El decreto también contempla recursos para diferentes sectores del Gobierno nacional, entre ellos el sector agropecuario, que recibirá financiación para la recuperación de sistemas productivos y el alivio de deudas de productores afectados; el sector educativo, destinado a la reparación de infraestructura escolar dañada y la entrega de kits y mobiliario educativo; y el sector vivienda, enfocado en programas de reparación y reasentamiento de hogares afectados por inundaciones y deslizamientos.
Asimismo, se prevén recursos para el sector transporte con el propósito de atender daños en vías y puentes, así como para el sector salud, con el fin de responder al incremento en la demanda de servicios médicos y a la recuperación de infraestructura hospitalaria afectada. Igualmente, se asignan recursos a programas sociales dirigidos a apoyar a los hogares damnificados y a garantizar la atención de poblaciones vulnerables.
De acuerdo con el decreto, los recursos adicionales provienen principalmente de medidas tributarias adoptadas durante el estado de emergencia, entre ellas un impuesto temporal al patrimonio y la aplicación del IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet.
La norma señala que estas medidas tienen carácter transitorio y se orientan exclusivamente a financiar las acciones necesarias para enfrentar la emergencia y restablecer las condiciones económicas y sociales en las regiones afectadas.
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