El Congreso de la República aprobó la Ley 2437 de 2024, que establece la legislación permanente sobre los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, así como los Decretos Reglamentarios 842 y 1332 de 2020, en el ámbito de la insolvencia empresarial.
Esta legislación regula de manera expedita el acceso a los mecanismos de reorganización empresarial, con el objetivo de fomentar la viabilidad económica de las empresas en crisis. Entre los mecanismos contemplados, se incluyen medidas de alivio financiero y reactivación empresarial, tales como la capitalización de pasivos, descarga de deudas y acuerdos de deuda sostenible. Estos instrumentos permitirán a las empresas mantener su operatividad mientras gestionan sus pasivos de manera viable y conforme a las exigencias legales.
Asimismo, la Ley abre la posibilidad de que un acreedor intervenga durante las negociaciones, con el objetivo de aportar capital y evitar que el deudor termine en una liquidación judicial. Este modelo refuerza el principio de conservación de la empresa, protegiendo no solo los intereses financieros de los acreedores, sino también los puestos de trabajo y el tejido productivo del país.
Un aspecto central de la Ley es la regulación de los procedimientos de negociación de acuerdos de reorganización, que serán liderados por las Cámaras de Comercio con jurisdicción territorial en el domicilio del deudor, garantizando así una gestión más descentralizada y cercana a las partes involucradas.
En cuanto al régimen concursal, se subraya la importancia de un acceso expedito tanto a mecanismos de reorganización como a los de liquidación judicial. A este respecto, la Ley incorpora la implementación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para agilizar y mejorar la eficiencia de los procedimientos. Además, refuerza los mecanismos de protección para la empresa y el empleador, y fortalece la lista de auxiliares de justicia encargados de asistir en el proceso.
Finalmente, la Ley establece los procedimientos de reorganización abreviada y de liquidación judicial simplificada para pequeñas insolvencias, orientados a simplificar los trámites y facilitar el acceso de las empresas con menor tamaño a estos mecanismos. Esto refuerza la equidad dentro del sistema concursal y la accesibilidad para las empresas en dificultades.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
